Hay una tendencia en los pueblos a considerar el territorio como una propiedad registrada a nombre de los vecinos empadronados, o más estrictamente: a nombre de quienes viven todo el año en el lugar.
Esta tendencia hace que parezca que solo tienen derecho al uso y disfrute estas personas mientras que quienes eventualmente se acercan por allí, aunque sean naturales, no tienen opción ninguna a decidir sobre el paisaje, el medio natural, las normas urbanísticas y su cumplimiento, o el uso mismo de lo rural.
La situación se repite con bastante asiduidad: dado que desde arriba nadie hace nada por frenar la despoblación, los aldeanos sienten que existen fuerzas externas que quieren entrometerse en su vida cotidiana, ya sea rechazando proyectos, aprobando otros o denunciando actos que solo deberían ser objeto de crítica por parte de quienes asumen la dureza del medio. «No sé qué pintan si no viven aquí», suele ser el lema más recurrido.
No discuto que en algunos casos estas personas tengan razón, pero en todo caso, es preciso matizar algunas cuestiones:
En primer lugar, y en lo relativo al medio ambiente, es incorrecto hablar de propietarios. Un ayuntamiento puede ser la figura jurídica que ponga a su nombre una montaña pero esto no significa que le pertenezca en sentido literal. Ante un proyecto de mina abierta en una zona con alto valor ecológico, ni la comunidad autónoma mediante una empresa pública, ni el Consistorio en aplicación de sus ordenanzas, ni los vecinos con su derecho al disfrute común, ni la empresa que ha comprado unos derechos mineros pueden decidir de forma arbitraria sobre su destino.
En realidad, ni siquiera la especie humana es propietaria de forma absoluta de los paisajes, o no lo es más que el resto de especies que habitan en ellos. Es por esta razón que no es legítimo explotar lo que no nos pertenece ni desear que otros lo exploten para beneficio propio, si mediante esta acción estamos destruyendo lo que, en todo caso, deberíamos conservar de manera indubitable.
En segundo lugar, habitar no es un verbo exento de deberes, y uno de ellos, tal vez el más importante, es el de ser responsable con el espacio que se habita. Si a nadie se le pasa por la cabeza destruir la casa donde vive, por más que le convenzan de que va a sacar de los cascotes algún rendimiento, tampoco deberíamos desear acabar con el entorno donde se sitúa nuestra casa o desear que por un tiempo indefinido este entorno se llene de ruidos y de polvo o de olores, más que nada porque quienes dicen desearlo seguramente lo que están «deseando» subliminalmente es coger la pasta y salir corriendo.
Por último, hay un asunto que no podemos obviar y es la «ley del silencio» que se establece una vez se da por hecho que solo tienen derecho los habitantes reales de un municipio. Por desgracia, el caciquismo está bastante extendido y lo que empieza siendo un privilegio: las suertes de leña, el uso de los pastos, la caza, etc., acaba siendo una forma de establecer una especie de círculo cerrado de aprovechamiento. Es así como se justifica, por ejemplo, que se cerquen los comunales con ayudas de la Diputación aún viendo cómo los corzos y ciervos quedan atrapados, o en la carretera en su huida de sus depredadores. Pero también es así como se justifica que nadie pueda realizar una denuncia que fiscalice el propio caciquismo. Visiten pueblos con su arquitectura tradicional inventariada o «protegida» y verán cómo los propios ayuntamientos se saltan sus propias leyes aplicando la otra, la única que cuenta siempre: «la ley del silencio».
Bajo esta perspectiva de la propiedad rural sobre lo urbano y lo rústico, y aunque suene algo pueblerino, los privilegios también toman forma de rechazo a cualquier opinión que ponga límites al uso y disfrute. ¿Por qué no puedo cortar todos los árboles que quiera? ¿Por qué no puedo colocar un eólico donde me dé la gana? ¿Quién me va a impedir llenar los campos de residuos agroalimentarios? ¿Cómo es que se oponen a esto o lo otro quienes no viven aquí si todo es nuestro?
La respuesta es simple: hay valores naturales y patrimoniales que tenemos que respetar como sociedad, pero no solo las personas físicas, también las jurídicas a través de sus decretos y leyes, porque en el fondo, todos los atentados en contra del paisaje o del medio natural, se realizan con la soberbia de quien desprecia la vida en general.
Resulta lamentable que la Junta de Castilla y León diera alas a un proyecto como el de Valtreixal en plena Reserva de la Biosfera y en zona protegida medioambientalmente. Cierto que, con la presión de Portugal y del propio sentido común, este proyecto, tras seis años en el cajón, fue declarado inviable, pero es posible que si la Junta de Castilla y León hubiera tenido oportunidad lo hubiera aprobado, tal y como hizo con las macro fotovoltaicas de Otero de Sanabria, por citar un ejemplo.
Nunca este proyecto minero debió ser promovido por SIEMCALSA (la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de CyL), porque para eso existen Reservas, para eso existen figuras de protección y para eso existen la ética y los buenos principios. Por otra parte, dejar a un puñado de técnicos la responsabilidad de que evalúen cientos y cientos de páginas de otros tantos proyectos que continuamente se publican —tal y como abiertamente reconoce la Junta—puede llegar a ser tan arbitrario y ausente de rigor como que decidan los propios vecinos sobre el futuro de aquello que, como ya hemos dicho, no les pertenece. Valtreixal se salva pero muchos otros proyectos no correrán la misma suerte.
