Hubo un momento en el que la inmigración dejó de explicarse y empezó a resumirse en frases cortas, en ideas simples, en bulos que caben en una línea. Las preguntas complejas se sustituyeron por respuestas rápidas y las causas dejaron paso a las conclusiones.
«Se van a regalar papeles». La expresión simplifica una medida que, en realidad, plantea regularizar la situación de entre 400.000 y 600.000 personas que ya viven en España. Personas que ya están aquí, cientos de miles, trabajando, viviendo, formando parte de una sociedad de la que, sin embargo, quedan fuera en derechos.
«Viven de pagas». Pero esa idea tampoco se sostiene. Para acceder a la mayoría de ayudas hay que cumplir requisitos que muchas de estas personas no pueden acreditar precisamente por su situación administrativa. No es que reciban más, es que en muchos casos reciben menos. Y aun así, contribuyen.
Se oye también que «nos van a quitar el trabajo». Pero muchas de esas personas ya trabajan. De hecho, más de 2,7 millones de personas extranjeras cotizan a la Seguridad Social en España, alrededor de un 13% del total de la afiliación. No están al margen del sistema, forman parte de él. La cuestión no es si trabajan o no, sino en qué condiciones. Porque junto a esa realidad visible hay otra más silenciosa: personas que trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad real de defender sus derechos. Una parte de la economía que funciona, pero no se reconoce.
Y eso tiene efectos. No solo para quienes lo sufren, también para el conjunto. Porque cuando el trabajo se puede hacer sin derechos, esos derechos dejan de ser un suelo común y pasan a ser una excepción.
Algo parecido ocurre cuando se habla de delincuencia. Pero no todos los casos se cuentan igual, y especialmente cuando se trata de agresiones sexuales. Se señalan nacionalidades, se comparten titulares y se construye una idea rápida: que hay una relación directa entre inmigración y violencia. Pero la realidad no es tan simple. La mayoría de agresiones sexuales en España se producen en entornos conocidos para la víctima y, en torno al 70-80% de los casos, el agresor pertenece a su entorno cercano. Y la mayoría de los agresores son hombres del entorno cercano, no desconocidos. Eso apenas se menciona, porque no encaja igual ni refuerza el mismo relato.
Y, aun así, contribuyen: cotizan, consumen, sostienen sectores enteros e incluso en ciudades como la nuestra su presencia ha contribuido a que la población crezca. Pero eso no suele formar parte del relato. En su lugar, se repiten otras ideas que no buscan explicar la realidad, sino simplificarla hasta hacerla encajar en prejuicios ya asumidos.
Y cuando esas ideas se repiten lo suficiente, dejan de parecer opiniones y pasan a parecer hechos.
Ahí es donde cambia el sentido del debate. Porque ya no se habla de condiciones, se habla de personas. Ya no se pregunta por la precariedad, se señala a quien la sufre.
Y en ese desplazamiento, casi sin darse cuenta, aparece algo más: una línea. No siempre visible, pero sí presente. Una forma de separar, de decidir quién encaja y quién tiene que justificarse.
Cuando esa línea se normaliza, deja de parecer una frontera. Y en ese punto, el prejuicio deja de ser solo una opinión para convertirse en algo más cercano al racismo, aunque no siempre se nombre como tal.
Y entonces la desinformación ya no es solo un error. Es también una forma de sentir. Una empatía que se activa o se apaga según quién esté delante. Que se minimiza cuando la violencia es cercana y se amplifica cuando tiene un origen que encaja con el relato. Porque, en el fondo, no se trata de lo que ocurre. Se trata de a quién decidimos culpar cuando ocurre.
Autora: Ariadna Huerga, secretaria de Juventud, Mujer e Igualdad de CC OO en Zamora
