La denominada «España vaciada» ha funcionado durante décadas como una tierra de expulsión de población. No es un fenómeno casual, sino el resultado de un modelo que concentra riqueza y servicios en determinados núcleos mientras deja amplias zonas rurales como espacios disponibles para la explotación de recursos.
En este contexto, territorios como Zamora han sido utilizados como soporte para actividades extractivistas cuyos beneficios rara vez se quedan en la provincia. Primero fueron los grandes embalses —como el Embalse de Ricobayo, el Embalse de Almendra o el Embalse de Villalcampo— que transformaron profundamente el territorio. Más tarde llegó el desarrollo eólico, envuelto en polémicas como la denominada trama eólica en Castilla y León. Hoy, el foco se traslada a macrogranjas y plantas de biogás.
El patrón es constante: inversiones externas, proyectos a gran escala y promesas de desarrollo que rara vez se traducen en bienestar local. Todo es macro porque responde a intereses financieros foráneos que buscan rentabilidad, no arraigo ni generación de riqueza local. El resultado es una percepción cada vez más extendida: la de estar malvendiendo el territorio.
Pero tras los datos, los informes técnicos y las investigaciones científicas — imprescindibles para comprender los problemas— emerge una sensación más incómoda: que, en el fondo, se repite lo de siempre. Intereses particulares frente a intereses colectivos. Decisiones que se presentan como inevitables o técnicas, pero que a menudo esconden dinámicas de poder, redes de influencia y, en ocasiones, formas de corrupción difíciles de probar y judicializar, pero persistentes.
En ese relato, quienes cuestionan este modelo —especialmente colectivos ecologistas— son con frecuencia señalados como obstáculos al progreso. Convertidos en cabezas de turco, su papel queda reducido en el debate público, pese a que muchas veces actúan como los únicos contrapesos frente a decisiones que afectan al conjunto del territorio.
Los incendios a debate: distintas miradas, una preocupación común.
Las jornadas “Los incendios a debate” han puesto sobre la mesa una realidad compleja que va mucho más allá del fuego.
Un bombero lo resumía de forma directa: en el campo hay «combustible». El abandono rural de parcelas agrarias -que no bosques estructurados- y la falta de gestión han generado un entorno propicio para los incendios. Los biólogos insistieron en que los bosques son mucho más que árboles: son sistemas complejos de biodiversidad, redes donde cada elemento sostiene al conjunto. La pérdida de ese equilibrio afecta directamente a la fertilidad del suelo y a la capacidad de retener agua. Desde la educación, otro ponente subrayó la importancia de la pedagogía: formar a las nuevas generaciones es clave para cambiar hábitos y prevenir riesgos.
Sin embargo, más allá de los datos técnicos, en los márgenes del debate aparece otra realidad menos visible: la social. Porque, si bien se insiste en la prevención y en la responsabilidad individual, también hay factores estructurales que rara vez se abordan con la misma intensidad. Entre ellos, las dinámicas de poder en el medio rural. En muchos pueblos, señalar prácticas perjudiciales —ya sea por negligencia, intereses económicos o decisiones políticas— no resulta sencillo. Existe una percepción extendida de que enfrentarse a determinados actores locales puede tener consecuencias.
No es extraño, por tanto, que algunas denuncias públicas hayan surgido de forma indirecta, a través de colectivos externos. Asociaciones como Ecologistas Zamora desempeñan en este contexto un papel fundamental. Su labor, en gran medida altruista, consiste no solo en la defensa del medio ambiente, sino también en canalizar preocupaciones que, por distintos motivos, no siempre pueden expresarse abiertamente desde dentro de los propios pueblos. Se trata de un trabajo discreto, muchas veces invisibilizado y, en no pocas ocasiones, cuestionado. Sin embargo, actúa como una forma de equilibrio frente a decisiones donde confluyen intereses económicos y políticos con escaso control social efectivo.
Las conclusiones de las jornadas apuntan a la prevención como eje central: cortafuegos en zonas de plantaciones, gestión forestal, educación ambiental, conservación de suelos y acuíferos. Apostar por bosques de frondosas, más resilientes frente al fuego, reducir la presión de modelos forestales intensivos o entender que los ecosistemas con menor intervención humana tienden a autorregularse. Los incendios no solo destruyen masa forestal, arrasan suelos, contaminan acuíferos y aceleran la desertificación. Sin suelo fértil, no hay recuperación posible.
En este sentido, la protección de espacios como el Lago de Sanabria no es solo una cuestión paisajística o turística, sino de supervivencia ecológica. La degradación de acuíferos —como evidencian episodios recientes de contaminación por nitratos en decenas de municipios de Zamora— pone en riesgo tanto la biodiversidad como el acceso a agua potable.
La película de Rodrigo Sorogoyen As bestas retrata un conflicto que trasciende la ficción: la llegada de proyectos externos que prometen desarrollo económico a cambio de transformar el territorio. Hoy, ese conflicto se materializa en propuestas como macrogranjas o plantas de biogás. Iniciativas que, bajo el discurso de la modernización, plantean interrogantes sobre su impacto ambiental y social. De nuevo, surge la misma tensión: beneficio privado y particular frente al coste colectivo.
Propuestas de futuro: arraigo frente a extracción
Frente a este modelo, existen alternativas que pasan por fortalecer el vínculo entre población y territorio y por redefinir qué entendemos por desarrollo:
• Agricultura regenerativa: recuperar la fertilidad del suelo y reducir la dependencia externa. El modelo actual, cada vez más mecanizado, obliga a muchos agricultores a endeudarse para adquirir maquinaria, recurrir a agroquímicos que empobrecen progresivamente la tierra y depender de semillas industriales que prometen mayor resistencia a costa de una menor autonomía. Frente a ello, prácticas como la agricultura regenerativa o la permacultura están ganando terreno: requieren menos inversión, prescinden en gran medida de pesticidas y herbicidas y ofrecen rendimientos sostenibles. La clave es cambiar el enfoque: trabajar con la naturaleza en lugar de combatirla.
• Ganadería extensiva frente a macrogranjas: sustituir los grandes proyectos intensivos por modelos integrados en el ecosistema. La ganadería extensiva no solo reduce el impacto ambiental, sino que contribuye a la gestión del territorio mediante el pastoreo, evitando la acumulación de biomasa inflamable y disminuyendo el riesgo de incendios. Se trata de recuperar un equilibrio donde la actividad económica no agreda los espacios naturales, sino que forme parte de su mantenimiento.
• Turismo ecológico frente a turismo extractivo: abandonar un modelo basado en el consumo rápido del territorio para apostar por otro centrado en la sensibilización y el conocimiento. No se trata de atraer visitantes sin más, sino de fomentar una relación respetuosa con el entorno, basada en la educación ambiental, la interpretación del paisaje y la puesta en valor del patrimonio natural. Menos recreo agresivo y más conciencia.
• Protección de acuíferos: garantizar la calidad del agua como condición básica de vida. El agua no es un recurso más, es un bien esencial que sostiene tanto a la población como a los ecosistemas. La proliferación de actividades potencialmente contaminantes —como macrogranjas o determinadas prácticas intensivas— obliga a reforzar los controles, limitar vertidos y evitar dinámicas que comprometan su pureza. No se puede hipotecar la riqueza hídrica ni la fertilidad de los suelos sin poner en riesgo el futuro del territorio.
También implica reconocer y apoyar el trabajo de quienes, desde la sociedad civil, actúan como defensa del territorio, muchas veces sin recursos y frente a estructuras de poder consolidadas.
Nada de esto es nuevo. La historia de Zamora —como la de tantos territorios rurales— está atravesada por decisiones que han antepuesto intereses externos al desarrollo de quienes la habitan. Durante décadas, ese proceso se ha normalizado, maquillado bajo discursos de progreso que rara vez se han traducido en bienestar real.
La diferencia es que hoy esas dinámicas ya no son invisibles. Son tangibles, medibles y, sobre todo, cada vez más difíciles de justificar. Y precisamente por eso, también debe serlo la respuesta: una resistencia consciente, informada y arraigada en quienes han crecido, vivido y decidido quedarse.
Porque el verdadero problema no es solo la despoblación. Es la lógica que la acompaña: la de convertir el territorio en un espacio disponible, en un recurso a explotar hasta su agotamiento. Una tierra sin gente es una tierra sin voz, sin defensa, sin capacidad de decidir su propio futuro.
Y ahí reside la clave: defender el territorio no es un gesto romántico ni una postura ideológica, es una cuestión de supervivencia. Porque cuando la tierra se vacía, no solo se pierde población; se pierde la posibilidad misma de sostener la vida.
Sobre el autor: David Caramazana es ingeniero informático. Trabaja como profesor de informática y es socio de Ecologistas Zamora.
