La Junta de Castilla y León va ya sin freno con el asunto de las plantas de biogás. Por concretar: hay cincuenta proyectos en marcha (o más, porque el señor Francisco Igea se ha referido a noventa que se están tramitando con total urgencia y opacidad). La provincia de Zamora es la más perjudicada, tanto en materia de biogás como en los nuevos proyectos de hidrógeno verde (supongo que por proximidad con el corredor de energía verde que nos une con Portugal), pero también hay proyectadas plantas en pueblos de otras provincias. Hay muchas plataformas, casi una por proyecto, que se están organizando con los medios a su alcance a toda velocidad. Un lío. Y un lío grave y serio, porque ni es fácil de entender, ni los promotores de esta infamia van a hacer el más mínimo esfuerzo por explicarlo.
Visto con mis ojos profanos, en Zamora están previstas cuarenta de las cincuenta que se pretenden instalar en toda la comunidad autónoma. Nueve de ellas ya están siendo tramitadas y se extienden por nuestra provincia de norte a sur. Por donde debería circular el tren, circularán purines. Detrás de cada proyecto, (y aquí es donde está el verdadero negocio) van nuevas licencias para macrogranjas abyectas, que arruinan a los pequeños y medianos productores, contaminan la tierra y los acuíferos, y no generan ni riqueza ni empleo en el entorno. ¿Cómo vamos a remediar la despoblación del medio rural con estas cartas de presentación? ¿Quién se va a quedar a defender y cuidar nuestros pueblos? Por si fuera poco, han empezado los trámites de seis plantas de hidrógeno verde, como las dos que se están tramitando en La Granja de Moreruela, y que beberán de los mismos acuíferos que las Lagunas de Villafáfila, un espacio cuya protección y salud parece importar bien poco en Valladolid.
¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que estar muy alerta, respaldar sin fisuras a estas plataformas como una sola voz y acudir a cada convocatoria, porque en los pueblos somos muy poca gente y, la verdad, este asunto es muy complejo. Es la estrategia de greenwashing de nuestra administración autonómica: que parezca que esto son avances en el desarrollo de las renovables, cuando, en realidad, se trata de un modelo suicida de gestión agropecuaria y una renuncia definitiva a la más mínima soberanía alimentaria. Mi impresión es que ya no somos, ni siquiera, la España vaciada, sino la España desahuciada, terreno abonado para especuladores de toda índole que encajan como un guante en el sistema clientelar que aquilata la Junta desde hace casi 40 años.
¿No os parece ahora que, en el fondo, los incendios de 2022 fueron muy convenientes para degradar definitivamente el valor medioambiental de la provincia y poder entrar con toda clase de tropelías?
