En el año 2000 se abría un nuevo establecimiento de restauración en la provincia, El lobo feroz, con licencia municipal y visto bueno de la Comisión de Urbanismo. Desde entonces, y hasta octubre de 2024, el mesón estuvo funcionando con normalidad, hasta que un buen día, el alcalde de Manzanal de Arriba tuvo una especie de iluminación, y por razones que todo el mundo en la zona comprende y que nada tienen que ver con el establecimiento, dio una insólita orden: en El lobo feroz no se podía ejercer ninguna actividad empresarial.
Esto sucede cuando no lees la Constitución o te pasas por alto uno de los artículos principales, o cuando no te informas de que, aún en el supuesto caso de que en su día se hubiera realizado un acto administrativo de forma irregular, después de más de doce años ya no cabe revisión de oficio, y que, en todo caso, primero se ha de intentar esta revisión de oficio, salirte con la tuya, si puedes, y luego cerrar lo que te de le gana.
Pero hay personas que aunque vean que el agujero es pequeño, se empeñan en meter la cabeza por él, una y otra vez.
Este pudiera ser el motivo por el que el alcalde, asesorado sin duda por el secretario, quien también firma los decretos, no solo prohibiera la actividad en El lobo feroz una vez sino tres veces, la última en octubre de este mismo año 2025. En todas las ocasiones, dado que no había causa objetiva para acabar con este terrible establecimiento, se recurrió a la herramienta «asistencia a municipios» de la Diputación Provincial. ¿Pero es que la Diputación Provincial también opina lo mismo que el señor alcalde?
No, al contrario. Todos los informes que ha emitido la Diputación hasta ahora, y a petición del alcalde, han sido positivos. Y sé que son positivos porque de ser negativos el alcalde no se hubiera negado a enseñármelos. Pero, ¿y entonces? No entiendo nada, se dirán.
Muy sencillo, con decir que no te gusta el informe y pedir otro, todo arreglado. Así ha sido el obrar de secretario y alcalde, o alcalde y secretario. Gracias a este circunloquio, y con la vara de mando en sus manos, han ido dilatando en el tiempo la situación de cierre en diferido del odiado lobo feroz, y nadie les podrá echar en cara —o así lo creen— que están obrando contrariaremente a la ley, pues lo de la Constitución ya hemos dicho que es una cosa menor sin importancia, y que solo leen cuatro gatos, uno de ellos ecologista.
¡No se lo imaginan, la última ocurrencia del alcalde ha sido pedir la intervención del Presidente de la Diputación! Metido en el ajo, yo también le he pedido audiencia al Presidente. No me ha contestado.
Este es el relato referente al consistorio, resumido a más no poder e inacabado. Pero si alguien piensa que el asunto se quedó a nivel local, se equivoca. En Turismo de la Junta de Castilla y León, y siendo conocedores —a través de una conversación telefónica con el secretario—de la supuesta irregularidad del establecimiento, tuvieron la ocurrencia de retirar la inscripción con fecha de febrero de 2025.
De nuevo alguien que no se ha leído la Constitución y que no sabe que para cercenar un derecho consolidado como es el derecho a crear y mantener una empresa, hace falta como mínimo un informe jurídico.
Por cierto: en una misiva a una de las concejalas del Ayuntamiento efectuada hace un par de días, para negarle su derecho a conocer el expediente, el alcalde reconoce que no existe ningún informe jurídico.
¿Reconocerá ahora la Junta de Castilla y León su error o seguirá en sus trece afirmando que mi única salida es pleitear contra mi alcalde por malote, sin que ellos tengan por obligación proteger mis derechos? ¿Qué partido dicen que gobierna en esta Comunidad? ¿Saben ya que hubo una transición democrática?
Hartos de esta rocambolesca situación, los inquilinos que regían la actividad en El lobo feroz se marcharon a finales de verano, y yo, el propietario del establecimiento, decidí volverlo abrir, con la actividad a mi nombre.
No es ya una cuestión económica, es de orgullo y de rabia por ver cómo desalmados de una y otra administración han querido quitarle el bar a un pueblo de no más de quince habitantes en invierno. Un servicio absolutamente básico en la España rural, capaz de ofrecer al menos un puesto de trabajo de manera permanente. ¿De verdad que le importa algo lo rural a estos partidos surgidos de la democracia? ¿De verdad está ocurriendo esto o es una regresión a los tiempos del autoritarismo franquista cuando los alcaldes hacían y deshacían a su antojo?
Soy ecologista declarado, he puesto bastantes quejas por abusos contra el medio ambiente, en mi nombre y como representante de la organización a la que pertenezco. Tal vez esto dé pistas sobre el trasfondo de este asunto infame.
Empieza por p, termina por n y tiene trece letras, me dice mi abogada.
Lo siento, no caigo, le respondo.
Espero una respuesta de la Junta de Castilla y León, y espero que sea inscribiendo el establecimiento como es debido. Aquí queda escrito.
