«Pretenden condenar para siempre el futuro de nuestra tierra y pretenden comprarlo con poco más que nada». La Plataforma Stop Biogás Zamora asegura que los ingresos que las plantas dejarían en los ayuntamientos que las acojan, el principal argumento puesto sobre la mesa para defender la implantación de esta industria en la provincia de Zamora, son muy bajos en la mayoría de las ocasiones. Tanto, indican, como para no justificar la puesta en marcha de estos negocios.
En una estimación realizada con los tres impuestos fundamentales que recaudarían los ayuntamientos por esta actividad (Impuesto de Actividades Económica, Impuesto de Bienes Inmuebles y el ICIO o licencia de obras) la plataforma estima que los ingresos son «pocos o prácticamente nada», máxime comparados con el tamaño de la industria de la que se está hablando.
Así, estiman que el Impuesto de Actividades Económicas dejaría unos beneficios escasos para las arcas municipales habida cuenta de que no se paga en los primeros dos años y después, nunca si la empresa tiene menos de un millón de euros de beneficio. En el caso del IBI, indican que las empresas productoras de electricidad y gas se consideran «bienes de características especiales» y están bonificadas hasta el noventa por ciento. Y en el caso del impuesto de construcciones, la plataforma apostilla que solo se paga durante la construcción, que es una parte de la inversión total en un momento puntual del proceso. En resumen «un poco o nada», indican las mismas fuentes.
Por lo demás, la plataforma insiste en que en Zamora será necesario traer purín desde otras partes de España ya que la producción existente en Zamora sería insuficiente para alimentar las once plantas que ahora mismo hay puestas sobre la mesa. «O se traerán los residuos de fuera o se tendrán que construir más macrogranjas, como las recién proyectadas en San Cebrián de Castro y Villamor de los Escuderos» de las que ya ha informado este periódico. «Holanda subvenciona a los ganaderos para cerrar macrogranjas. Nosotros seríamos los productores de carne y el gas se consumiría en los países del norte de Europa», aseguran las mismas fuentes.
El colectivo reitera que el tráfico de camiones cargados de excrementos será incesante y que la producción necesariamente olerá y molestará a los vecinos de los pueblos cercanos. Sobre los puestos de trabajo, recuerdan que las cantidades son escasas (nueve empleos en la planta de El Cubo, que es de las más grandes, y cuatro en la de Coreses, por ejemplo y según los proyectos) y «en ningún momento se dice que el personal se vaya a seleccionar en la zona».
Las industrias, concluyen desde la plataforma, «no cuentan con medidas de seguridad suficientes, no va a haber controles sobre el proceso y los riesgos de emisión de gases absolutamente perjudiciales al aire que respiramos y de metales pesados y contaminantes para nuestros acuíferos son más que evidentes».
