¿Estaría la sanidad pública de Zamora capacitada para asumir, de repente, la llegada de casi cinco mil nuevas tarjetas sanitarias? Esta es la pregunta que inquieta durante estos días a los responsables del sistema ante la negativa de las compañías aseguradoras a mantener el concierto de Muface, al que están acogidos más de 4.800 funcionarios (o funcionarios jubilados) de la provincia de Zamora. Unas personas que, en caso de que el concierto con las aseguradoras no se renueve, tendrán que pasar a recibir atención en Sacyl.
Las últimas noticias, que ya se venían avanzando y que se han confirmado esta semana, indican que las aseguradoras que prestaban el servicio de Muface no quieren seguir haciéndolo con las condiciones ofrecidas por el Estado. Se trata de Adeslas, Asisa y DKV, que han optado por no presentarse al contrato de los años 2025 y 2026 al considerar que tendrían pérdidas económicas. A menos de dos meses para que finalice el actual contrato, Muface busca ahora alguna fórmula que permita dar a los funcionarios las prestaciones de salud en las mismas condiciones que las venían recibiendo hasta ahora.
Se abren ahora varias vías. La primera y más posible es que el Gobierno vuelva a sacar el contrato a licitación, dotándolo de más dinero y a través de un proceso exprés que agilice la situación. Si tampoco convence a las aseguradoras, el Ejecutivo estaría capacitado para forzar una prórroga que podría durar un máximo de nueve meses antes de que las empresas aseguradoras dejaran de prestar servicio a los trabajadores y extrabajadores públicos.
¿Cómo funciona?
Los trabajadores que están cubiertos por Muface cada año podían decidir quién les va a dar asistencia sanitaria: si una de las aseguradoras privadas del concierto o la sanidad pública. En un 72% de los casos se escoge la sanidad concertada, con datos generales. En Zamora la cifra es mayor y supera con mucho el ochenta por ciento. En concreto, y con datos nacionales, en 2024 un 34% optaron por Adeslas (propiedad de Mutua Madrileña y CaixaBank), un 25% por Asisa (controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos) y un 13,2% por DKV (propiedad del gigante alemán Munich Re).
El concierto abarca varias áreas de atención, desde la atención primaria, la especializada, atención de urgencia y emergencia, cuidados paliativos, rehabilitación, salud bucodental, prestaciones farmacéuticas, ópticas o productos dietéticos.
Los sindicatos han salido rápidamente al paso de las últimas informaciones, principalmente CSIF, el colectivo con más representación en el sector público. El sindicato acusa al Gobierno de “poner en riesgo la asistencia sanitaria de sus funcionarios tras la renuncia de las aseguradoras a acudir al concierto sanitario de Muface”.
El colectivo avanza que “seguirá luchando por el mantenimiento del modelo de Muface y tomará todas las medidas de presión que considere oportunas para garantizar su continuidad. De entrada, el próximo lunes, 11 de noviembre, está convocada una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno de toda España”, Zamora incluida, “y frente al Ministerio de Hacienda en defensa de la mejora de las condiciones de los empleados públicos y la continuidad del mutualismo administrativo”.
