La Junta de Castilla y León solicita una reunión urgente con el Ministerio de Transportes para tratar de modificar el nuevo mapa del transporte por carretera, que en Zamora suprime las paradas de líneas regulares de viajeros en Mombuey, en San Esteban del Molar y Cerecinos de Campos. La administración regional solicita el encuentro tras la reactivación, dicen, del borrado del nuevo Mapa Concesional de Transportes y recuerda que ya cuenta un diseño para Castilla y León. El documento respeta el resto de paradas establecidas en Zamora (Puebla de Sanabria, Benavente, Toro, Villalpando y la capital)
Zamora es, con todo, una de las provincias menos afectadas por el documento, ya que apenas tiene incluidas paradas en el documento. El nuevo Mapa Concesional Estatal suprime tres de cada cuatro paradas actuales en Castilla y León, con 474 paradas afectadas en 346 municipios de las nueve provincias de la Comunidad. Hay casos muy significativos, como los de las provincias de León o Palencia, donde la supresión afecta al 90% de las paradas actuales, según informa la Junta. El mapa que promueve desde el año 2022 el Gobierno de España «abandona», apuntan las mismas fuentes, a más de 200.000 habitantes del medio rural. Los municipios perjudicados en Castilla y León suponen el 24,4 % de los afectados en España.
Por este motivo, desde la Junta de Castilla y León se considera «necesario garantizar previamente la calidad y eficiencia del servicio a los ciudadanos de Castilla y León para que no se vean penalizados por retrocesos ni obligados a realizar transbordos en sus recorridos». Esto es un requisito indispensable para poder avanzar en las licitaciones del transporte en la comunidad. «La información ofrecida por el Ministerio no tiene en cuenta la diversidad territorial de todo el país, en especial de Castilla y León, donde la Junta no ha tenido en cuenta el número de usuarios del transporte público para garantizar el 100 % de estos servicios», continúan las mismas fuentes.
La financiación que ofrece el Ministerio es de 40 millones de euros anuales (en realidad son 25 millones de euros al considerar que 15 son por los billetes de los usuarios) a repartir entre todas las comunidades, una cuantía «a todas luces insuficiente» si se tiene en cuenta que el coste mínimo por la prestación de los servicios que deja de realizar la Administración General del Estado con el nuevo mapa concesional y que «pretende que asuman las diferentes comunidades».
