Zamora tiene 314 viviendas propiedad de las instituciones, fundamentalmente de la Junta de Castilla y León, destinadas al alquiler social para familias con escasos recursos. Una cifra, a juicio del Procurador del Común, a todas luces insuficiente. Por esta razón la institución autonómica pide a la Consejería de Fomento que refuerce su apuesta por la adquisición, a título individual o en bloque, de viviendas para familias sin opciones habitacionales. De las viviendas disponibles, cuarenta han sido catalogadas como “deficientes” o “irregulares”.
El Procurador recomienda a la administración autonómica que “impulse” la política de vivienda de la comunidad “hacia el fomento del parque púbico” destinado al alquiler social, “valorando la necesidad de redoblar esfuerzos” para que haya un número de viviendas “suficiente que permita atender las situaciones de especial y urgente necesidad, abordando las modificaciones normativas necesarias y aunando los esfuerzos de todas las Administraciones y agentes sociales implicados”.
El Procurador del Común recuerda el Pacto por el Alquiler firmado en el año 2015, cuando se empezaba a superar la crisis del ladrillo, en el que se abogaba por aumentar el parque público de alquiler y por constituir un instrumento público que lo gestionara.
Sin embargo, dice, “no conocemos nuevas medidas dirigidas a la constitución formal de aquel parque, a su regulación, ni a la creación de un instrumento formal para su gestión, en cumplimiento de dicho pacto, siendo necesario impulsar decididamente actuaciones en promoción del Parque Público de Viviendas y que se potencie como forma de acceso el régimen de alquiler social”.
En los últimos tiempos, prosigue el organismo autonómico, se han evidenciado las dificultades a la hora de garantizar el derecho a la vivienda, particularmente para dar solución a las necesidades residenciales de muchas personas y familias con nulos o escasos ingresos, “en muchos casos provenientes de la percepción de una prestación social, necesidades que han de encontrar respuesta en la constitución y gestión del Parque Público de vivienda en alquiler en Castilla y León”.
Una intervención rápida
El Procurador del Común aboga por una intervención “rápida e inaplazable” en este aspecto dadas las necesidades de vivienda en la actualidad y las dificultades por las que atraviesan muchas familias, “empeorada seguramente por los efectos económicos derivados de la pandemia y, más recientemente, por guerra en Ucrania”.
Se antoja necesario, así las cosas, que la Junta “intensifique sus esfuerzos para garantizar una alternativa residencial básica, resultando imprescindible incrementar el Parque Público de viviendas destinado al alquiler social mediante el impulso de los instrumentos legales previstos en la normativa vigente y otros de nueva implantación”.
