Ecologistas Zamora y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) han pedido explicaciones a la Junta por la aparición, en la zona de Puente Quintos, de un lobo muerto con dos orificios de bala. Los colectivos entienden que la permisividad en los controles se ha convertido en «un caldo de cultivo perfecto» para el furtivismo y han confirmado que los hechos se han denunciado ante la Fiscalía por un presunto delito contra la fauna.
Los colectivos han lamentado que «el furtivismo y los atropellos que recurrentemente sufre la especie en la comunidad se han mantenido constantes los últimos años y están contribuyendo a la delicada situación que actualmente atraviesan los lobos». Las dos asociaciones han recalcado que el lobo es una especie vulnerable y que la población ibérica continúa aislada del resto de poblaciones de Europa». «Este aislamiento, junto con el drástico declive que ha sufrido su población desde el siglo pasado como consecuencia de la persecución humana, ha derivado en una pérdida de diversidad genética, con las consecuentes altas tasas de endogamia actuales», han apuntado.
Para los dos colectivos, el lobo es una especie clave en la naturaleza, y la presencia de poblaciones viables y funcionales en Castilla y León «debería ser un objetivo irrenunciable para los responsables políticos y gestores de su Administración». «La Junta no está contribuyendo a la recuperación de los lobos ni en Zamora ni en el resto de Castilla y León, y de hecho, parece favorecer un escenario en el que no se persigue el furtivismo o incluso se favorece, a la vista de normativa reciente como la Orden MAV/1434/2025, en la que se autoriza la caza nocturna del jabalí prácticamente durante todo el año usando fuentes luminosas y dispositivos térmicos montados o no en el arma», han añadido.
«Si a esta delicada situación actual le añadimos la falta de instructores de las denuncias administrativas en materia de Medio Ambiente en muchas provincias de la comunidad, ya ni siquiera estaríamos hablando de un asunto de dejación de funciones de una Administración pública, sino de un presunto delito de prevaricación por omisión por parte de los responsables de dicha Administración», han zanjado desde Ecologistas Zamora y Ascel.
