El caso de las vacas sueltas en Justel suma un nuevo episodio tras asegurar los vecinos que el ganadero, que lleva tiempo dejando a los animales a su albedrío «sin que nadie le ponga freno» y en estado de «semiabandono», habría percibido «alrededor de 30.000 euros» en ayudas de la Política Agraria Común por el uso de terreno comunales y zonas de monte para los que «no contaba con la debida autorización» de uso. «Cada día descubrimos algo nuevo», lamentan algunos residentes, que aseguran sentirse «desprotegidos» ante lo que consideran una cadena de irregularidades. La preocupación no solo se centra en el posible cobro indebido de subvenciones, sino también en el impacto directo que la situación ganadera está teniendo en el entorno y en la convivencia del pueblo.
Los vecinos sostienen que la acumulación de ganado sin la atención adecuada está deteriorando tanto el paisaje como la calidad de vida en la zona. Ante estos hechos, tanto las presuntas irregularidades con el cobro de subvenciones como el hecho de que los animales anden sueltos por el término municipal, varios residentes han decidido dar un paso adelante y trasladar la situación a las autoridades competentes, con el objetivo de que se investiguen los hechos y, en su caso, se depuren responsabilidades. «No se trata solo del dinero, sino del respeto a lo que es de todos», señalan los afectados.
Los vecinos han constatado esta situación, con documentos que ha podido comprobar este periódico, introduciendo las referencias catastrales de parcelas que son comunales, que no están adjudicadas a nadie y que aparecen en las bases de datos de la Política Agraria Común como relacionadas con una explotación agrícola. «Tiene las vacas, no las atiende, cobra el dinero de la PAC y aquí no pasa nada», aseguran los propios vecinos.
La situación, aseguran, ha sobrepasado ya «todos los límites». Los vecinos, ya en febrero, promovieron la presentación de una denuncia colectiva contra el ganadero del pueblo al que, desde hace meses, acusan de permitir el «descontrol» de sus vacas, de dejar que los animales se cuelen en propiedades privadas y de abandonar a su suerte los cadáveres de las reses en distintos parajes del término. También se posicionó el Ayuntamiento de Justel, del que depende Villalverde, que publicó un bando en el que recuerda que los titulares de las explotaciones «deben mantener a los animales en adecuadas condiciones de control, vigilancia y custodia».
