67 ayuntamientos de la provincia elaborarán planes de actuación contra incendios y 179 deberán contar con guías de respuesta ante la posibilidad de que el fuego llegue a sus términos municipales (en total, 246, prácticamente todos los de la provincia), unos documentos que ya deberían haber estado vigentes el año pasado y que no estarán listos tampoco para el ejercicio 2026. Es una evidencia que la dificultad de elaborarlos es un hándicap importante para un buen número de ayuntamientos carentes de personal especializado, por lo que la Diputación de Zamora ha sacado ahora a licitación un contrato de asistencia técnica (dotado con algo más de 170.000 euros) para que una empresa guíe a los ayuntamientos en la elaboración y presentación de estos documentos. Sin embargo, la tramitación se inicia ahora y el plazo de finalización del contrato se ha establecido para el mes de marzo del año 2027, lo que indica que este verano los planes no estarán vigentes.
Con todo, lo que se licita es un mero documento técnico. La Diputación tiene ya en su poder los planos de la mayoría de los ayuntamientos y los trabajos de desbroce de perímetros, los llamados anillos de seguridad, comenzarán en semanas. Después de Semana Santa arrancarán las cuadrillas en Sanabria y después lo harán por Aliste y Sayago para que esta parte, el desbroce perimetral, esté lista antes de que arranque el verano en las localidades de más riesgo. De hecho, los trabajos han comenzado ya en algunos lugares y el bulldozer de la Diputación está ya faenando en Cobreros.
Lo que el contrato lanzado por la institución provincial costeará es el asesoramiento técnico para la elaboración de los planes de actuación (en los pueblos con más riesgo de incendios) y de las guías de respuesta (en los que menos riesgo presentan). Se trata de organizar e identificar los recursos y servicios correspondientes a la administración local y los que puedan ser asignados por otras administraciones públicas para tenerlos contabilizados y, sobre todo, localizados.
Los planes de actuación contra incendios deberán reflejar la capacidad del ayuntamiento en cuestión de dar una primera respuesta al fuego y la capacidad de proteger a la población amenazada por las llamas, tendrá que identificar cuáles son los flancos más vulnerables, aquellos en los que la vegetación es más densa y aquellos lugares que faciliten la lucha contra las llamas, como la existencia de arroyos o regatos difíciles de conocer para los servicios de extinción pero de sobra localizados para los habitantes del pueblo. Se identificarán también puntos de agua, redes de hidrantes, balsas o pozos, y se indicará por dónde salir del pueblo en caso de que haya que evacuar de urgencia, así como instalaciones, en el ayuntamiento o en cercanos, que puedan acoger a los vecinos hipotéticamente evacuados. También los mejores lugares para que se ubiquen los medios de extinción a desarrollar su trabajo. A mayores, los ayuntamientos deben organizar jornadas públicas de información para sus vecinos, actividades de difusión de los planes de extinción y emergencia en los centros escolares, simulacros periódicos y cursos de formación para los propios vecinos, que en ocasiones pueden verse en la tesitura de ser la barrera contra el fuego hasta que aparezcan por la zona los equipos de extinción. Las guías de respuesta son planes que cuentan con esta misma información, pero con algo menos de detalle al no ser previsible que estos pueblos corran peligro.
Para elaborar estos documentos la empresa que opte al contrato lanzado por la Diputación tendrá que aportar a personal experto. Deberán estar disponibles un coordinador, un técnico especialista y un técnico experto en cartografía, al menos.
Por lo que refiere a los pueblos que se incluyen entre los de más riesgo, son los mismos que ya aparecían en el Plan Infocal publicado en marzo del año pasado, a los que se les indicó que debían tener listos estos documentos, algo que pocos (o ninguno) cumplieron por la mencionada falta de medios, según se ha reconocido por parte de las instituciones públicas en alguna ocasión. Los ayuntamientos que se verán beneficiados por este contrato son Alcañices, Almaraz de Duero, Asturianos, Benavente, Calzadilla de Tera, Camarzana de Tera, Carbajales de Alba, Cernadilla, Cobreros, Cubo de Benavente, Faramontanos de Tábara, Fariza, Fermoselle, Ferreras de Abajo, Ferreruela, Figueruela de Arriba, Fonfría, Galende, Gallegos del Río, Hermisende, Justel, Losacino, Losacio, Lubián, Mahide, Manzanal de Arriba, Manzanal de los Infantes, Micereces de Tera, Molezuelas de la Carballeda, Mombuey, Moral de Sayago, Muelas del Pan, Olmillos de Castro, Palacios de Sanabria, Palacios del Pan, Pedralba de la Pradería, Pías, Pino del Oro, Porto, Puebla de Sanabria, Pueblica de Valverde, Rabanales, Rábano de Aliste, Requejo, Riofrío de Aliste, Robleda-Cervantes, Roelos de Sayago, Rosinos de la Requejada, Salce, Samir de los Caños, San Justo, San Pedro de Ceque, San Vicente de la Cabeza, San Vitero, Tábara, Toro, Torregamones, Trabazos, Trefacio, Vega de Tera, Vegalatrave, Videmala, Villadepera, Villalcampo, Villar del Buey, Villardeciervos y Villardiegua de la Ribera. Como se puede ver, todos pertenecen a las comarcas de Sanabria, Aliste, Tábara, Alba y Sayago.
