21 asociaciones de toda la comunidad (entre ellas varias de Zamora, como Asociación Biogás Así No Jambrina en Lucha, Defendiendo lo Vacío, Sanfonpi En Pie o Stop Biogás Vidriales) han anunciado, por boca de su abogada, la presentación de una querella penal contra el Gobierno de la Junta de Castilla y León.
Los vecinos de diferentes provincias de la comunidad, «ante la avalancha de proyectos de biometano con los que ven amenazada su vida, han tomado así la decisión de unirse y luchar juntos para defenderse de esta amenaza tan destructiva como real», aseguran desde Zamora en Pie. «Después de apurar todas las alternativas posibles, de hacer llegar al Gobierno de Castilla y León la información bien documentada que se ha ido recabando sobre esta industria mortal, de ver cómo esta misma Administración ha puesto impedimentos continuos a la población en el acceso a los proyectos de biogás y ha dificultado la presentación de alegaciones que además ha acabado ignorando, y de constatar el nulo interés de los gobernantes de esta comunidad por conocer más información que la publicitada por las empresas del biogás negándose a considerar los gravísimos inconvenientes que representaría esta industria para toda la población, la gente se ha visto abocada a recurrir a la Justicia en busca de ayuda y socorro», subrayan las mismas fuentes.
La querella, que será interpuesta contra el Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y los diferentes Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, reúne los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación urbanística. Presuntos delitos que podrían conllevar penas de inhabilitación e incluso de cárcel.
La querella ha sido elaborada por la abogada zamorana Pilar Calvo y se fundamenta en que «la normativa que se está teniendo en cuenta para las plantas de biogás es la del sector porcino, en la que se establecen distancias de 500 metros entre explotaciones», en que no existen planes en los proyectos para casos de fugas o explosiones o en que no se exige a estos proyectos que justifiquen «dónde van a conseguir la materia prima ni dónde van a echar las enormes cantidades de digestato hasta que las plantas ya estén construidas».
