15 de junio de 2022, 17 de julio de 2022, 10 de agosto de 2025 y 14 de agosto de 2025. Son las fechas en las que se iniciaron los cuatro grandes fuegos de los últimos años en la provincia de Zamora. Los dos primeros son los de la Sierra de la Culebra; el tercero, el de Molezuelas de la Carballeda; el cuarto, el de Porto. Entre medias hay más. El incendio de Puercas, de este año, en Aliste, quemó más de 6.000 hectáreas. En Figueruela, también en 2022, otro fuego superó las dos mil, cifras hasta hace no tanto elevadísimas pero que ahora, a la vista de las de los grandes fuegos, parecen menores. Durante esta legislatura han ardido en la provincia de Zamora más de 100.000 hectáreas.
Datos que sitúan sin duda la gestión forestal como uno de los grandes apartados en el «debe» del Ejecutivo de la Junta. Desde 2022 «han pasado cuatro años», han pasado bastantes «promesas», muchas declaraciones de intenciones y un buen número de planes. A la vista de los acontecimientos, pocos han concluido conforme se esperaba. «La Junta de Castilla y León tiene un Plan Forestal vigente desde el año 2002 y que está vigente hasta 2029», explica José Ramón Jiménez, encargado del área de Medio Ambiente de Comisiones Obreras en Zamora e ingeniero de Montes. Un documento, este Plan Forestal, que es en la práctica el que rige la planificación forestal de la Junta y que, a la vista de las fechas dadas antes, está desfasado. «Se redactó a finales de los noventa, cuando las prioridades políticas y la gestión del bosque no eran como ahora. Prácticamente ni se habla ahí de incendios forestales». Bajo este marco se publican anualmente los planes de Previsión y Extinción de Incendios Forestales. Unos documentos que, como quedó claro este año, tienen una utilidad limitada a la hora de luchar contra los fuegos.
Y a ese Plan Forestal es al que tiene que atender un dispositivo que, explica Jiménez, no ha vivido cambios reseñables en los últimos años pese a que muchas veces se ha usado la mejora de las condiciones de los trabajadores forestales con objetivos políticos. Se han sumado en los últimos meses medios privados, «cinco camiones en toda Castilla y León», y se ha anunciado la compra de vehículos o helicópteros, pero el operativo es básicamente el mismo. Sí se ha ampliado el contrato de trabajo a los trabajadores, que ya no prestan servicio solo unos meses al año y que han visto mejoradas sus condiciones de trabajo, pero solo eso. «Estructuralmente, el operativo es el mismo porque sigue rigiendo el mismo decreto que lo regula», explica el representante sindical.
Tampoco se ha avanzado gran cosa de momento en la promesa de que el operativo sea cien por cien público, algo puesto sobre la mesa por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y a lo que los sindicatos ponen muchas pegas. Porque el operativo será público, sí, pero los trabajadores no dependerán directamente de la Consejería de Medio Ambiente sino de la empresa pública Tragsa. El operativo se encuentra dividido entre trabajadores que se ocupan para diferentes «empresas». Los que mejor lo tienen son los que trabajan para la Junta directamente, unas 850 personas de las 4.000 que componen el operativo en toda la comunidad. El resto trabajan para empresas, algunas públicas, como Tragsa, y otras directamente privadas. Esta última parte es la que se pretende eliminar para que sea Tragsa la que aglutine a toda la plantilla. «Las condiciones son algo mejores en Tragsa que en otras empresas, pero esto no es un operativo cien por cien público. Lo ideal sería que los trabajadores recibieran su nómina de la Consejería de Medio Ambiente», insisten en CC OO.
En los últimos meses se ha acometido la consolidación de empleo de un buen número de trabajadores y se ha hecho, indican las mismas fuentes, sin que el operativo estuviera preparado. «Ahora mismo es un caos. Hay gente a la que se ha hecho fija y la Junta no sabe qué hacer con ellos, hay trabajadores que llevan dos meses sin saber qué hacer porque no hay una planificación, no se está trabajando en el monte, no hay una estructura organizativa decente», lamenta Jiménez. «Estabilizaron en diciembre, se colgaron la medalla por cumplir un acuerdo del año 2022 y no se ha planificado nada», indican las mismas fuentes, que sospechan que, de no haber habido incendios hace unos meses, la consolidación de empleo prometida en 2022 no se hubiera llevado a efecto.
Con estas, CC OO ha presentado una propuesta de transformación completa del actual modelo «mixto y privatizado», que «se apoya en la precariedad laboral y en la externalización de servicios, hacia un operativo 100% público, integrado en el sistema de Protección Civil, operativo los 365 días del año, bien dimensionado, formado y profesionalizado». La propuesta se basa en la internalización progresiva a la Administración pública de los colectivos y servicios externalizados, sin incremento significativo del coste global, pero con mayor eficacia y control público. En este proceso se garantizará la incorporación al operativo de todas las personas que actualmente trabajan en las cuadrillas privadas u otros servicios externalizados. «Estas personas pasarán a ser bomberos forestales integrados en un servicio autonómico con empleo estable, formación adecuada y condiciones laborales dignas».
El incremento y reordenación de los medios terrestres y aéreos con los que actualmente se cuenta es otra de las piedras angulares de la propuesta, sustituyendo las actuales cuadrillas privadas por brigadas públicas «bien dimensionadas y distribuidas territorialmente». Además, un refuerzo de la dirección técnica y de los centros de mando, con la mejora de las condiciones laborales de este personal y una mejora en las comunicaciones y la formación del operativo completan la propuesta presentada.
Las versiones oficiales
Es realmente complicado encontrar más declaraciones de los responsables de la Junta que las realizadas en los momentos de más tensión de los fuegos y en los canales oficiales. En este punto, conveniente recordar que tanto el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecieron ante las Cortes para dar cuenta de la gestión realizada durante las semanas de agosto de 2025 en las que Castilla y León ardió por varios puntos, con fuegos concentrados en el oeste.
En ese marco Mañueco indicó que los incendios estaban «fuera de capacidad de extinción» y que fueron «intencionados» en muchos casos. «Es a ellos», a los pirómanos, «a quien hay que exigir responsabilidades», aseguró el presidente mientras defendió el operativo. «No se ha regateado ningún esfuerzo» ante «los 350 incendios que hemos tenido en las últimas tres semanas» de agosto, «muchos de ellos simultáneos. La intensidad y voracidad de las llamas hacen baldías las técnicas de extinción y han puesto en riesgo a personas, infraestructuras y poblaciones, que siempre han sido objeto de protección prioritaria».
El discurso contó con la oposición de todos los demás partidos, como sucedió después, la cita más reciente es de enero de 2026, cuando Suárez-Quiñonez calificó el escenario de agosto como «terrible, de guerra». Reconoció el consejero, sin ir más allá, algunos «errores». La oposición le pidió, una vez más, la dimisión.
La recuperación del monte
Otro ámbito en el que se ha hecho «realmente poco» es el de la reforestación del monte quemado. Es evidentemente pronto para hablar de la recuperación de los terrenos de 2025, pero ya sí puede valorarse con una óptica bastante amplia el escaso impacto de las políticas públicas de reforestación acometidas por la Consejería de Medio Ambiente para los terrenos quemados en el año 2022. Lo sabe bien Lucas Ferrero, responsable de la organización La Culebra No Se Calla, colectivo ciudadano que surgió tras los fuegos de hace casi cuatro años y que desde entonces ha tenido una implicación importante en el territorio.
La reforestación de la Junta se resume, según Ferrero, en lo siguiente: «Unas pocas hectáreas en Villanueva de Valrojo, Ferreras de Arriba y Villardeciervos, de castaños. En Ferreras de Abajo, en El Casal, se ha plantado algo… y poco más. No se han plantado ni cien hectáreas» en los últimos tres años. Ardieron, cabe recordar, más de 60.000, que crecen «a su libre albedrío», con pinos sin control que ya sobrepasan el metro y medio en muchos puntos de la sierra. «Hay vegetación para aburrir, el monte está creciendo muchísimo y no se está desbrozando nada».
Mientras esto sucede, han sido asociaciones como La Culebra No Se Calla las que han liderado la recuperación del terreno con los escasos medios disponibles. La agrupación reparte plantones a los colegios de la zona para que los críos los planten en el monte, organiza campañas de recuperación del terreno de la mano de los ayuntamientos y se involucra en promover una organización del monte más racional. Solo este año se han repartido 5.000 castaños que suelen ir a monte comunal, aunque no se cierra la puerta al terreno privado. «Solo tienen que pedir y se los damos. Hay que declararlos a la Junta, lo único, pero los árboles son gratis» si son para reforestar la sierra con especies autóctonas. En estas actividades asociativas se refugian de momento también las zonas afectadas por los incendios de Porto y Molezuelas. En el primer caso se van a plantar árboles donados por Bajo Duero y en el segundo, en Semana Santa, se ha programado una «quedada» para plantar en unas parcelas comunales.
Con estas se afronta 2026. Los trabajadores forestales temen otro año negativo por las intensas lluvias de los últimos meses, que harán que el monte crezca con fuerza en primavera, algo que puede derivar en más peligro de incendio si no se controla la vegetación. El operativo, dicen desde los sindicatos, no está a punto y está en la misma situación «precaria» que el año pasado y, mientras, está costando que las zonas quemadas encaucen la recuperación para volver a ser, aunque sea dentro de décadas, lo que eran a principios de junio de 2022.
