El Parlamento Europeo ha dado luz verde este miércoles, con 334 votos favorables, a remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el acuerdo comercial recientemente suscrito entre la UE y Mercosur. La iniciativa para someter el pacto al escrutinio judicial ha contado con el apoyo tanto de la derecha radical como de distintas formaciones de izquierdas. Así, Vox y Podemos se han mostrado favorables a esta opción, mientras que PP y PSOE han defendido continuar con el proceso para sacar adelante el acuerdo, que desde Bruselas describen como el que dará lugar a la “mayor zona de libre comercio del mundo”.
La votación implica la suspensión de la entrada en vigor del acuerdo hasta que el TJUE emita su dictamen, un trámite que podría retrasar su aplicación hasta dos años. El objetivo de la consulta es determinar si el tratado con los países latinoamericanos se ajusta a los Tratados de la Unión Europea.
La Eurocámara pretende que el alto tribunal europeo aclare las dudas existentes sobre varios aspectos fundamentales del pacto con Mercosur, entre ellos el denominado mecanismo de reequilibrio. Este sistema permitiría a los Estados del bloque sudamericano impugnar normas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones, una posibilidad que genera preocupación entre los eurodiputados por el riesgo de que limite la capacidad reguladora de la UE, entre en conflicto con los Tratados y debilite la solidez del marco jurídico comunitario.
Se trata de una buena noticia para el campo, aunque los agricultores no se fían. Lo han explicado este miércoles en Zamora los representantes de COAG, UPA, Asaja y UCCL, que han convocado una tractorada para el jueves 29 de enero que sigue adelante pese a la decisión del Parlamento Europeo. «Aunque se envíe el acuerdo a la Justicia, hay otros muchos acuerdos firmados o en negociación que también nos afectan», ha asegurado Lorenzo Rivera, de COAG. La tractorada, además, persigue otros objetivos, como una simplificación administrativa, una relajación de las normas verdes o la necesidad de establecer precios justos para los productores.
