La Junta y las Organizaciones Profesionales Agrarias han analizado la situación actual de la gestión del lobo en España y en Castilla y León a la vista de las modificaciones normativas aprobadas a lo largo del presente año 2025, tanto a nivel europeo, en la Directiva Habitat, como en el estado español, con la aprobación de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Con estas modificaciones normativas se flexibiliza la gestión del lobo por los Estados miembros, incorporando todas las poblaciones de lobo en el anexo V de la Directiva Habitat, lo que permite adoptar medidas de gestión.
A su vez, con la aprobación de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, se excluyeron las poblaciones de lobo del norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y se determinaba la automática exclusión de las poblaciones del sur del río Duero de dicho Listado una vez se modificara la Directiva para incluir todas las poblaciones de lobo en el anexo V. Con lo cual, una vez aprobada la modificación de la Directiva Habitat, todas las poblaciones de lobo en Castilla y León, tanto al norte como al sur del río Duero, se encuentran incluidas en el anexo V de la Directiva, que permite la adopción de medidas de gestión sobre la especie.
A pesar de ello, y de acuerdo con la sentencia del Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de julio de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León), con independencia del anexo de la Directiva en la que se encuadre el lobo, este no se puede cazar si su estado de conservación, de acuerdo con los informes sexenales, es «desfavorable».
Sobre este particular, que es el reporte sexenal del lobo correspondiente al sexenio 2019-2024, «el Gobierno de España no lo ha remitido a la Comisión Europea, tal y como debía haber hecho a 31 de julio de 2025, con el pretexto de de evaluar la afección de los incendios forestales sobre las poblaciones de lobo». «Sin embargo, este hecho no es motivo para el retraso de su envío ya que el reporte sexenal abarca los años 2019 a 2024, no siendo objeto de evaluación el año 2025», han recordado desde la Junta.
El informe sexenal aprobado en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el 14 de julio concluye que el estado de conservación del lobo es favorable tanto para la región atlántica y mediterránea. Atendiendo a lo establecido en la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, este informe se debía haber elevado a Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de forma previa a su remisión a la Comisión Europea y, una vez se aprobó el informe en contra del criterio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se desconvocó dicha Conferencia, sin que hasta la fecha se haya vuelto a convocar, han lamentado desde el Gobierno autonómico.
Por todo ello, tanto la Junta como las Organizaciones Profesionales Agrarias exigen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dé cumplimiento a las obligaciones estatales respecto de la Directiva Habitat así como al propio mandato legal de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Igualmente, en dicha reunión, la Junta se comprometió a revisar y actualizar en las próximas semanas los baremos de pagos compensatorios por daños de lobo aprobados por la Junta de Castilla y León en 2023 ajustándolo así a los valores actuales de mercado. Para ello se convocarán próximamente nuevas reuniones de trabajo para avanzar en la mejora y definición de estos nuevos baremos, demostrando así la Junta de Castilla y León su compromiso por el sector ganadero.
