El 2025 está siendo un año bastante atípico en su meteorología a consecuencia del cambio climático. En agosto, una gran ola de calor ha asolado España durante más de 16 días, la tercera más larga de la historia desde 1975, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Todo ello, unido a un cúmulo de circunstancias, está dejando un panorama desolador en gran parte de España.
Se han contabilizado varias personas fallecidas de manera directa por golpe de calor y muchas más defunciones, más de 2 000 en lo que llevamos del mes de agosto, atribuibles a los efectos del calor extremo.
Los grandes incendios forestales han devastado más de 300.000 hectáreas, una superficie superior al tamaño de la provincia de Álava.
A medida que la superficie de los incendios aumenta, se liberan a la atmósfera grandes cantidades de gases de efecto invernadero y partículas: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), óxido de nitrógeno (NOx), carbono orgánico volátil (VOC), material particulado (PM).
Todo ello contribuye a la carga global de gases de efecto invernadero, incrementando aún más el cambio climático y favoreciendo que los incendios sean cada vez más frecuentes e intensos.
Partículas tóxicas
Pero el caso de las partículas producidas en los incendios tiene una especial importancia. Su composición puede ser más tóxica al incluir hidrocarburos aromáticos policíclicos y benzopireno, sustancias reconocidas como carcinógenas por las agencias de salud internacionales.
Como hemos podido comprobar durante la ola de incendios que está asolando España este verano, y países cercanos como Portugal, las columnas de humo que contienen un cóctel tóxico de partículas finas (con un diámetro <2,5 micras), monóxido de carbono y otras sustancias químicas nocivas, pueden viajar largas distancias y empeoran la calidad del aire mucho más allá de la zona afectada por el incendio.
La acumulación y exposición prolongada a estas sustancias pueden tener consecuencias muy graves para la salud no sólo para el personal de primera línea de respuesta (bomberos y equipos de emergencias), sino también para la población en general, especialmente para aquellas personas que trabajan o pasan tiempo al aire libre.
Entre los principales efectos agudos destacan la dificultad respiratoria, con un aumento de crisis asmáticas o bronquitis, así como complicaciones cardiovasculares. Se incrementa también el riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y ritmos cardíacos irregulares, especialmente en personas con patologías previas.
A todo ello hay que añadir la amenaza a la seguridad alimentaria e incremento de riesgo de malnutrición debido a cortes de suministro en las áreas afectadas.
Efectos a largo plazo
También se observan consecuencias en materia de salud mental, tanto de las propias familias desalojadas o afectadas por pérdidas materiales y humanas, como de los equipos que trabajan en la extinción (“burnout”). Además se producirá el incremento futuro de desigualdades sociales, especialmente en población en situación de vulnerabilidad. Los programas de atención psicosocial son una herramienta necesaria para paliar estos efectos en la salud mental.
Pero los efectos no se producen solamente de forma aguda. A medio-largo plazo se pueden originar problemas de salud pública de mayor gravedad, tanto a nivel respiratorio (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias crónicas), como cardiovascular (hipertensión, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones cardiovasculares) y neurológico (riesgo elevado de deterioro cognitivo, demencia y otras enfermedades neurodegenerativas).
La exposición a partículas también se ha visto asociada con efectos sobre la salud infantil y el embarazo, como nacimientos prematuros, de bebés con bajo peso y alteraciones en el neurodesarrollo.
Las personas mayores o con enfermedades crónicas son más susceptibles de sufrir estos efectos a corto, medio y largo plazo.
Problemas asistenciales y enfermedades zoonóticas
Los programas de vigilancia en salud pública son importantes para identificar los efectos de los incendios en la salud de la población y grupos de riesgo.
Los desplazamientos de la población, que pueden verse agravados por los fuegos, incrementan aún más la despoblación de áreas rurales, llevan a la rotura de redes sociales y dificultan el acceso a recursos sanitarios, lo que ocasionará problemas asistenciales.
Por otra parte, los incendios alteran profundamente el ecosistema natural, promueven la degradación del suelo, haciéndolo más susceptible a riadas, y privan a las poblaciones humanas y animales de recursos naturales.
La salud debilitada de las poblaciones animales aumenta el riesgo de enfermedades zoonóticas, que pueden ser un vector para enfermedades en humanos.
Las previsiones, por desgracia, no son buenas. Se estima que los incendios seguirán incrementándose, hasta un 30 % para el 2050 y hasta un 50 % a finales de siglo, si no se actúa con urgencia.
Este panorama tan desalentador supone nuevos desafíos para la salud pública. Es necesario incluir el enfoque de Una Sola Salud en los planes de prevención y actuación, reforzar la vigilancia en salud pública, incrementar los recursos y establecer una coordinación adecuada y fomentar la profesionalización y capacitación de equipos especializados en emergencias sanitarias. Además, necesitamos reforzar la educación, información y percepción del riesgo en la ciudadanía.
Artículo escrito con el asesoramiento de la Sociedad Española de Epidemiología.
Tania Fernández Villa. Profesora Titular de Universidad en el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de León. Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP)., Universidad de León
Esther Vicente Cemborain. Profesora asociada doctora del Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA. Técnica en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra., Universidad Pública de Navarra
Lucía Martín de Bernardo Gisbert. Investigadora en Epidemiología y Salud Pública, Universidade de Santiago de Compostela
Maica Rodríguez-Sanz. Responsable del Área de Investigación, docència y comunicación, l’Agència de Salut Pública de Barcelona
María Isabel Portillo. Coordinadora de los Programas de cribado. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Osakidetza – Servicio Vasco de Salud
Maria João Forjaz. Investigadora en salud pública, Instituto de Salud Carlos III
Óscar Zurriaga. Profesor Titular. Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Pública (UV). Unid. Mixta Investigación Enfermedades Raras FISABIO-UVEG. CIBER Epidemiología y Salud Pública, Universitat de València
Pello Latasa. Responsable de Vigilancia en Salud Pública, Osakidetza – Servicio Vasco de Salud
Rebeca Ramis Prieto. Científica titular en el Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III
