La Plataforma Stop Biogás Zamora inicia una nueva fase en sus protestas y, según ha anunciado en sus canales de difusión, comenzará a acudir a los tribunales para «defender a toda la ciudadanía» del avance de esta industria por la provincia de Zamora, obligando a los jueces a manifestarse sobre proyectos concretos y sobre posibles irregularidades que se estén cometiendo durante la tramitación.
El colectivo ha iniciado una recogida de fondos para pagar todos estos gastos, que ya exceden de la capacidad económica de las personas que hasta el momento se han puesto al frente de la plataforma y que han costeado los gastos de buzoneo, imprenta y «otros muchos que han ido surgiendo para informar a todos sobre lo que estaba sucediendo» y para que las empresas del biogás tuvieran claro que no las iban a dejar «campar a sus anchas» destruyendo el territorio. El próximo paso que se quiere dar, el de buscar amparo en los tribunales de justicia, «ya no es posible entre unas pocas personas de ingresos humildes».
Los gastos judiciales son los conocidos. Abogados, consultores legales, procuradores y el coste que supone el tiempo gastado en tribunales. «Vamos a defender el derecho a respirar un aire que no provoque cáncer ni enfermedades respiratorias, el derecho a pasear por tu pueblo y a disponer de agua potable en el grifo», dicen los afectados, «también a los ciudadanos que no son conscientes a día de hoy de lo que les va a ocurrir si se instalan estas plantas, y a los que no quieren saberlo, incluso a los que están convencidos de que el biogás es algo bueno». Para canalizar los ingresos se ha habilitado un número de cuenta en Caja Rural de Zamora.
Mientras, la plataforma continúa animando a los alcaldes y concejales de los pueblos afectados a que se planten ante la industria. Y pone ejemplos. Así, indican desde Stop Biogás Zamora, «los concejales de Babilafuente, reunidos en sesión ordinaria de Pleno, han acordado rechazar por unanimidad el informe desfavorable una vez revisado el proyecto presentado por la empresa propietaria de la planta de bioetanol para la construcción de una planta de biometano en sus instalaciones. Tras haber efectuado las consultas técnicas y jurídicas correspondientes, este Ayuntamiento ha concluido que el proyecto pretendido, amén de causar importantes daños al medio ambiente y a la población del municipio, no resulta jurídicamente viable».
Un Ayuntamiento, dice la plataforma, «tiene que escuchar a su gente muy por encima de a cualquier vendedor ambulante de biogás y defender a muerte los intereses de los vecinos y el futuro de su localidad».
«No hay dinero en el mundo que compense no disponer de agua potable», concluyen las mismas fuentes.
