Los agricultores vuelven a las calles a comienzos de este mes de febrero, fecha en la que se cumple el primer aniversario de las tractoradas que en el 2024 paralizaron buena parte de la provincia. Las movilizaciones, según han acordado en asamblea asociaciones independientes de agricultores, pueden empezar a producirse a partir del diez de febrero en distintos puntos de la provincia de Zamora. No serán multitudinarias, para no generar problemas de orden público ni enfrentarse a sanciones administrativas, pero serán, aseguran a este periódico fuentes del sector.
Así, lo que se plantea es que «pequeños grupos» de no más de veinte tractores se reúnan en cabeceras de comarca de las provincias (también en Zamora) y condicionen la circulación en la medida de lo posible durante varias horas. Las manifestaciones comenzarán el referido diez de febrero, pero tienen vocación de continuidad en el tiempo si los agricultores las respaldan, algo que hoy por hoy está por ver, pues el sector está mucho más desmovilizado que el año pasado por estas fechas.
La convocatoria de estas pequeñas tractoradas es el siguiente paso que dan los agricultores después de la manifestación que se celebró en Valladolid el pasado 10 de diciembre, que supuso el primer movimiento relevante del sector después de las tractoradas del año pasado. Ahora, como se anunció entonces, las protestas se intentarán trasladar de nuevo a las provincias.
«La situación no ha avanzado»
El sector considera que no ha habido avances significativos en su situación desde las protestas de hace doce meses. El sector insiste en que se están firmando acuerdos comerciales que suponen una «competencia desleal» y añade que «las limitaciones medioambientales radicales e innecesarias acrecientan aún más esa desventaja».
Insisten los agricultores en que los documentos presentados recientemente en Europa «siguen por la misma senda falsa y errónea de una teórica sostenibilidad que, en la práctica, es insostenible económicamente». Además, denuncian que el plan de uso de fitosanitarios presentado por el Ministerio de Agricultura «tiene como uno de sus objetivos continuar eliminando su uso» a pesar de que España habría cumplido con los objetivos pactados hasta ahora.
Por lo demás, inciden en que los acuerdos con Mercosur «van a conseguir que nuestra rentabilidad sea nula tanto en agricultura como en ganadería» y denuncian que «sigue en pie la ley de bienestar animal, que está provocando importantes pérdidas entre los ganaderos y, muy especialmente, entre los que se dedican a la cría de aves y cerdos».
