El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado a la empresa que gestiona la ayuda a domicilio de la Diputación de Zamora, Alaria, por incumplimiento del convenio colectivo y por, dice el sindicato, negarse a pagar los incrementos de sueldo pactados para el año 2026 a las casi 600 trabajadoras que prestan el servicio en la provincia. «Se ampara para ello en que el precio que se abona por la Diputación es insuficiente para cubrir los gastos que genera el contrato. Sin embargo, cuando la empresa presentó su licitación en el año 2024, que la Diputación marca en inicio en 19,75 €/hora, aquella hace una rebaja rondando la temeridad, a 17,99 €/hora, asegurando que con ese precio gestionaría el contrato», denuncia el sindicato. Por tanto, insiste CC OO, «no pueden alegarse ahora pérdidas para dejar a las personas trabajadoras sin sus salarios».
Ante esta situación, Comisiones Obreras ha demandado la decisión unilateral de la empresa de no abonar las retribuciones salariales correspondientes desde el uno de enero de 2026 «puesto que no existe amparo legal para no abonar lo estipulado en el convenio colectivo», dice el sindicato. La reclamación se presentó al Serla, donde no hubo acuerdo, siendo presentada la demanda de conflicto colectivo a finales del mes pasado.
«CC OO lleva muchos años denunciando que los contratos públicos que se basan casi exclusivamente en el precio, permiten que entren empresas con comportamientos que crean competencia desleal y que envuelven inevitablemente al resto de las empresas en una espiral de bajos precios que repercute negativamente en el sector», redundan desde el sindicato. Lo que se reclama, en términos generales más allá de este caso concreto, es que los contratos públicos «se adjudiquen a empresas que contribuyan a la modernización del sector, donde prime la prestación de un servicio de calidad, la seguridad y salud en el trabajo, la formación, la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, y por todas esta condiciones seguiremos luchando para que no sean las plantillas las que paguen las artimañas de las empresas», concluyen las mismas fuentes.
