La Junta de Castilla y León ha decidido acudir a la Inteligencia Artificial para reforzar el trabajo de los servicios de prevención de incendios. Los trabajadores recibirán apoyo «aéreo» gracias a la red satelital, que será analizada con nuevas técnicas de IA para determinar cuál es el estado de los cortafuegos que existen en las zonas con más riesgos de incendios y reforzar la labor preventiva. Algo en lo que, insisten desde la Consejería de Medio Ambiente, jugará un papel destacado la tecnología, que permitirá comprobar dónde es necesaria una intervención más urgente en base al estado del terreno. La contratación de este servicio, que se financiará con el recurrido al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que tiene un presupuesto de licitación de 320.314,68 euros más impuestos, estará lista en las próximas semanas con la intención de que, cuando empiece la época de peligro alto (cuando los cortafuegos ya deberían estar limpios) empiece a ofrecer los primeros resultados.
La herramienta lleva el nombre de Dacorcyl y convertirá a Castilla y León en la primera comunidad de España en aplicar esta tecnología en la lucha contra el fuego. El objetivo es, según se desprende del propio pliego de condiciones, «definir la metodología técnica, el enfoque tecnológico, la organización del equipo y los entregables asociados para detectar de forma automática áreas cortafuegos en Castilla y León mediante teledetección e Inteligencia Artificial», centrándose el proyecto en «las áreas forestales de la comunidad, que representan aproximadamente 5,1 millones de hectáreas», uno de los mayores territorios forestales de España y de Europa.
El análisis se llevará a cabo utilizando el vuelo PNOA (del Plan Nacional de Orotofotografía Aérea) más reciente y «aplicando el sistema de detección automatizada» de cortafuegos durante todo el ámbito forestal de la comunidad, independientemente de «su tipología, estado de conservación o grado de intervención previa». Este enfoque, insiste Somacyl, «garantiza que la metodología propuesta no se limite a un ejercicio puntual, ya que posibilita la re-ejecución periódica sobre nuevas campañas PNOA y/o su adaptación a otros sensores equivalentes, para labores de seguimiento y actualización, sino que pueda consolidarse como una herramienta operativa y sostenible en el tiempo para la gestión preventiva frente a incendios forestales, reutilizable en futuras campañas y fácilmente integrable en flujos de trabajo GIS existentes de la administración».
Los resultados estarán a disposición, según la Junta, de los centros provinciales de mando. Una vez el sistema monitoree las imágenes satelitales más recientes, determinará en pocas horas en qué lugares es más urgente actuar, estableciendo prioridades. Y permitirá, si se produce un incendio, determinar qué grado de responsabilidad hay en el estado de los cortafuegos y saber si estaban o no en buen estado para realizar su función.
De otro lado, el operativo de Medio Ambiente suma ya las primeras críticas sindicales de la temporada después de los incendios producidos la semana pasada, entre ellos el primero de la temporada de nivel 1, en Lubián. Juan Carlos Hernández, el Coordinador del Sector de Administración Autonómica CYL FSC-CCOO vuelve a señalar la necesidad de modificar de forma importante el operativo de incendios «para convertirlo en 100% público, sin engaños, porque se ha demostrado que sería más económico, eficaz y útil en la lucha contra los grandes incendios y para la salud y condiciones de trabajo de todas las personas que lo integran».
El sindicato asegura que en las últimas fechas se ha constatado «que las falsas promesas de convertir el operativo completamente al ámbito público eran una más de las mentiras del Consejero de Medio Ambiente y de la Junta, ya que siguen licitando medios a empresas privadas», como informó la semana pasada este periódico. «Al personal propio le siguen sin pagar las horas extras de 2025, que fueron muchas por la oleada de grandes incendios que Castilla y León sufrió. Actualmente están compensando con días de descanso, incluso coincidiendo con declaraciones de riesgo medio de incendios. Además, no han contratado todo el personal necesario para cubrir todas las dotaciones, ni siquiera han cubierto bajas por jubilación», denuncian desde Comisiones Obreras.
