La Diputación de Zamora destina 512.000 euros entre los años 2025 y 2028 para facilitar a los ayuntamientos la gestión de la recogida de los restos de poda y de escombro, que en ocasiones suponen un problema en los núcleos urbanos más pequeños. La institución pone sobre la mesa un convenio tipo de colaboración que se ofrecerá a todos los municipios y que se firmará con aquellos que voluntariamente se quieran adherir.
Este nuevo servicio, enmarcado en los principios de economía circular y en cumplimiento de las obligaciones normativas derivadas de la legislación estatal y europea en materia de residuos, busca ofrecer una alternativa técnica y legal para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) generados por pequeñas obras domésticas, así como de restos vegetales procedentes de podas y jardinería.
La Diputación Provincial de Zamora asumirá la contratación y ejecución del servicio, que contempla la instalación de contenedores metálicos en recintos habilitados por los ayuntamientos, la recogida de los residuos depositados, su transporte hasta instalaciones autorizadas y el tratamiento adecuado de los mismos. Además, se realizarán controles de trazabilidad, mantenimiento del equipamiento y emisión de certificados de valorización, garantizando una gestión ambientalmente responsable.
Este nuevo marco permitirá renovar y reorganizar el servicio ya prestado en algunos municipios y facilitar la incorporación de otros nuevos. Los ayuntamientos donde el servicio ya está implantado deberán renovar expresamente su compromiso de adhesión, y los que deseen incorporarse por primera vez deberán solicitarlo formalmente a la Diputación. Así se indicará a cada entidad local.
Los ayuntamientos colaborarán facilitando los espacios necesarios, controlando el acceso a los contenedores y abonando la parte correspondiente mediante un precio público regulado por ordenanza, tal y como se detalla en el convenio y sus anexos. El presupuesto total que destinará la Diputación a este servicio asciende a 512.000 euros entre los ejercicios 2025 y 2028, lo que permitirá mantener el servicio de forma sostenible en el tiempo, sin que suponga una carga económica excesiva para los pequeños municipios.
