En menos de un año, los titulares de las explotaciones ganaderas de cerdos de la provincia de Zamora han solicitado permiso para añadir más de 17.500 animales a la ya extensa cabaña porcina existente en la provincia. Las últimas solicitudes llegan desde las localidades de Quintanilla de Urz y Quiruelas de Vidriales, con 1.584 plazas más según los números recogidos en el Bocyl, y de Santovenia del Esla, que ampliará el total de animales en más de 3.100 cabezas más. El recuento total viene de las cifras que elabora la federación Zamora en Pie.
«El recuento de nuevas cabezas de porcino en los últimos meses en nuestra provincia asciende a 17.766 cerdos que no había y que ahora habrá, junto a los consiguientes olores, gases tóxicos y contaminantes del suelo y del agua, además del enorme consumo de agua que conllevan. ¿Por qué no cortan el grifo de las autorizaciones a las macrogranjas en lugar de incentivar la instalación de plantas de biogás que pueden contaminar aún más?», insisten las mismas fuentes.
Zamora, según la última encuesta ganadera de la Junta de Castilla y León, es la tercera provincia de la comunidad con más cabezas de ganado porcino. Solo tienen más Segovia, que es la primera con mucha diferencia, y Salamanca. Después está Zamora, que a fecha de 31 de diciembre del año 2023 tenía censados más de 603.000 cerdos, una cifra que en los últimos ejercicios no ha dejado de crecer. La porcina es la cabaña ganadera más importante de la provincia, con casi cien mil individuos más que la ovina.
La del aumento de cerdos en las explotaciones no es una problemática nueva, pero se ha incrementado en los últimos años con la llegada de las macrogranjas y va camino de seguir el mismo camino si se cumplen las malas previsiones de futuro que hacen los colectivos que alertan de la implantación de plantas de biogás. Lo denunciaron ya desde Ecologistas en Acción de Zamora, colectiva que hablaba hace meses de «la pésima gestión del Gobierno de Castilla y León que, lejos de tomar medidas que controlen el incremento de estas fábricas de carne, cuya peor calidad está contrastada suficientemente por los nutricionistas y personas de sentido común, o vigilar el cumplimiento de la normativa en la gestión de los residuos, facilita a las grandes empresas cárnicas los trámites administrativos para que se instalen aquí».
El coste de esta decisión, apuntan las mismas fuentes, «no solo recae sobre la población de los pueblos, obligados a soportar los olores asociados y la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de los purines, lo que ha valido a España la denuncia de la Unión Europea. También empuja a cerrar a las pequeñas explotaciones, perjudica a otros negocios como el turismo rural e impide cualquier otro desarrollo en estas zonas, obligando a los ayuntamientos a enfrentarse a su propia población y a otras administraciones a invertir cada vez más elevados presupuestos en la depuración del agua para el abastecimiento».
