La Guardia Civil ha informado este viernes acerca del caso que rodea a la detención del director de la AECT Duero-Douro, José Luis Pascual. El instituto armado ha hablado de «esclarecimiento de un fraude fiscal relacionado con subvenciones de la Unión Europea para promover el empleo que asciende a 3,3 millones de euros y que se habría prolongado durante quince años». La entidad del asunto ha movilizado a agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Salamanca en una operación conjunta con personal del Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Todo, bajo la coordinación de la Fiscalía Europea.
En el curso de esta operación se han llevado a cabo cinco registros en los domicilios y locales de empresas relacionadas con Pascual y su pareja tanto en la provincia de Zamora como de Salamanca. Además, se han bloqueado 558.375 euros en 16 cuentas bancarias y 40 propiedades, y se han intervenido más de 7.276 euros en moneda fraccionada. Igualmente, se han incautado numerosos dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento masivo que están siendo analizados actualmente.
El sospechoso, José Luis Pascual, es el presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de más de veinte subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Según la investigación, entre 2010 y 2025, había solicitado las mismas ayudas para las tres asociaciones, ayudas que tenían por objeto fomentar el empleo e incentivar el asentamiento de población en las provincias de Zamora y Salamanca.
Asimismo, se ha investigado a su pareja, ya que las subvenciones fueron obtenidas con su apoyo. La mujer habría utilizado su cargo público de funcionaria para facilitar el presunto entramado fraudulento.
A partir de este momento, según la investigación, el sospechoso creó una red de empresas para desviar los fondos mediante la emisión de facturas falsas con operaciones ficticias, incluyendo una empresa supuestamente dedicada a la promoción de la cooperación transfronteriza en más de 100 localidades de Portugal y España. Pascual habría utilizado cuentas bancarias de varias sociedades en Portugal bajo su control para ocultar los beneficios de la actividad delictiva.
El avance de la investigación ha permitido conocer que cantidades significativas de dinero se habrían destinado a inversiones inmobiliarias y a la puesta en marcha de una bodega en una localidad de la provincia de Zamora. En concreto, en Fermoselle.
La Fiscalía Europea
Las acciones han sido lideradas por las Fiscales europeas delegadas en Madrid, mediando el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional como Juez de Garantías. La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión europea encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio.
