Castilla y León, y con ella Zamora, no cuenta con las suficientes viviendas públicas destinadas al alquiler social. Son necesarias más y de ello da cuenta el Procurador del Común, que en su último informe sobre el tema llama a la institución regional, que es la que tiene competencias en materia de vivienda, a tomar cartas en el asunto y empezar a poner las medidas necesarias para resolver el problema. Así, la institución regional llama a la Junta a que «impulse la política de vivienda de Castilla y León hacia el fomento del alquiler social, abordando las modificaciones normativas necesarias, así como los recursos financieros suficientes, para constituir, ampliar y regular el parque público de vivienda en alquiler».
En Zamora el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa parcelas para empezar a trabajar en esta situación, como recordaba en el Pleno de la semana pasada el alcalde, Francisco Guarido. Así, Guarido afirmaba que la Junta estaría estudiando la propuesta de construir casas en las parcelas de la parte norte de Cardenal Cisneros que el Ayuntamiento posee después de que no fueran edificadas, las conocidas como parcelas de Proinsa que, según el alcalde, podrían albergar hasta 250 inmuebles. Una operación que dejaría pequeñas al resto de las acometidas hasta ahora y que iría en la línea de construir nueva vivienda ante el previsible aumento de la demanda que se prevé en los próximos años si la vida militar vuelve a Monte la Reina.
Por lo que hay ya en marcha, en Vista Alegre se está trabajando ya en levantar un edificio de «viviendas colaborativas» para jóvenes, más de cuarenta pisos que estarán listos en los próximos meses. En marzo, el consejero de Medio Ambiente entregaba las viviendas del edificio de Camineros, junto a Valorio, a 16 familias que las necesitaban. Y también se están llevando a cabo actuaciones en los pueblos, habiéndose anunciado hace escasas fechas la construcción de más de un centenar de viviendas en colaboración entre la Diputación de Zamora y el Somacyl.
Pero en términos absolutos es en la capital donde más falta hacen los pisos. El mercado del alquiler empieza a dar los primeros síntomas de que la situación de la vivienda, aunque no se haya descontrolado en la capital, sí empieza a tensarse. Los precios de los inmuebles en renta están en estos momentos en cifras máximas, cotizando un piso de unos setenta metros cuadrados a una media de más de 500 euros en la ciudad, cifras no vistas hasta hace no mucho. En el último año, según los números más recientes, el alquiler ha subido de media cerca de un ocho por ciento. Pero hay más, porque los pisos que se pueden encontrar en las plataformas de alquiler de viviendas son pocos y más del veinte por ciento dura menos de un día en el mercado. Es decir, hay gente que necesita piso y lo necesita de forma urgente y, con la escalada de precios, aumenta a la par el número de familias que tienen dificultades para hacer frente a la renta.
El Procurador del Común se posiciona en esta ocasión sobre la escasez de parque público de vivienda a raíz de la queja recibida por parte de un ciudadano de Palencia, pero la propia institución reconoce que el panorama es el mismo en toda la comunidad y recuerda que ya antes se ha expresado en similares términos en respuesta a peticiones formuladas desde otras provincias. «Dadas las necesidades de vivienda en la actualidad y las dificultades por las que atraviesan numerosas familias, desde esta Institución debemos insistir en la necesidad de que esa Administración», la Junta, «en cooperación con las entidades locales, intensifique sus esfuerzos para garantizar una alternativa residencial básica, resultando imprescindible incrementar el Parque Público de viviendas destinado al alquiler social con un número suficiente de inmuebles, mediante el impulso de los instrumentos legales previstos en la normativa vigente y otros de nueva implantación». Son necesarias también, según la misma fuente, «políticas públicas que, dotadas de los recursos presupuestarios suficientes, tengan como prioridad garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas y colectivos de especial protección».
«La buena administración no es solo cumplir estrictamente las normas y el procedimiento; sino también satisfacer las necesidades de las personas y cumplir la función de servir, que es propia de la Administración y de las personas que la integran», concluye el Procurador del Común.
