Al grito de «Nuestros pueblos no son vertederos» han llegado a las puertas de las Cortes de Castilla y León las cien personas que han secundado la manifestación convocada por las plataformas regionales contra el biogás, grupo en el que se han integrado varios manifestantes de Jambrina. Y al grito de «Nuestros pueblos no son vertederos» se han marchado la mayoría de los manifestantes del hemiciclo después del que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, repitiera el argumentario que la Junta viene haciendo suyo en los últimos meses: «Las plantas de biogás son seguras».
A la protesta han concurrido ciudadanos de las provincias de Zamora, Salamanca, Segovia, Ávila o Burgos, ciudadanos que han cifrado en 45 los proyectos que actualmente hay en marcha en la comunidad. Una cifra que, a juicio de los datos proporcionados después por Suárez-Quiñones, se queda bastante corta, pues el consejero habla de 95 solicitudes que están ya sobre la mesa.
El representante de Medio Ambiente subraya que las exigencias a las que se enfrentan los proyectos son importantes y que la tramitación «es garantista» pues «conlleva un proceso de participación y de audiencia a los interesados» siempre que no vaya por el trámite simplificado, algo que sucede en algunas ocasiones, por ejemplo en Peleas de Abajo. «Las plantas de biogás son seguras medioambientalmente y están preparadas para no dar problemas. Son una gran oportunidad para el sector primario y para el medio ambiente, y una oportunidad para el desarrollo rural de nuestros pueblos», concluye Suárez-Quiñones.
Más alineado con los argumentos de los manifestantes, el PSOE exige certidumbre. «La falta de regulación genera conflicto en los pueblos y los ciudadanos están diciendo que no aguantan más tiempo sin transparencia y sin criterios claros. Están convirtiendo», apunta José Luis Vázquez, procurador socialista por Segovia, «a los pueblos en un estercolero», como muestra el «despliegue que, sin criterio, lógica ni necesidad, hay a las puertas de Salamanca». Los socialistas exigen paralizar la concesión de licencias en lo que se aprueben unos criterios claros para la expansión del biogás. «Los ciudadanos tienen derecho a vivir en una región limpia», concluye Vázquez.
«Queremos que nos dejen en paz»
Aurora Vilariño, de Burgos, erigida en portavoz de los manifestantes convocados frente a las Cortes, defiende «una legislación que nos proteja realmente», motivo que justifica que «tengamos que venir a las puertas del Parlamento. Aquí estamos», apunta, para poner certidumbre e intentar parar «todos los proyectos que ya hay en marcha y los que están por llegar» a una región «sin ninguna legislación ni ordenación territorial que regule» esta cuestión.
Las instalaciones, apunta Vilariño, «generan y atraen una gran cantidad de residuos, no arreglan la problemática de los purines y crean contaminación de agua y malos olores». Los impuestos generados, pocos a juicio de las plataformas, «no compensan la catástrofe medioambiental» que se ocasionará por la instalación de la industria. «La España vaciada estará más vacía», concluyen las mismas fuentes.
Más de tres mil firmas
Este martes, las plataformas “Stop Biogás Vidriales” y “Stop Biogás Cubo del Vino” han registrado la entrega de firmas contra la instalación de plantas de biogás en esas localidades. Las firmas han sido presentadas en los Ayuntamientos de Santibáñez de Vidriales y El Cubo del Vino, así como en la Confederación Hidrográfica del Duero y en la Diputación de Zamora. A ellas, indican desde Stop Biogás Zamora, «habría que sumar las firmas también presentadas recientemente por la plataforma “Biogás así no-Jambrina en lucha” contra la planta de Peleas de Abajo». En total, serían más de 3.400 firmas las recogidas en toda la provincia, según las mismas fuentes.
«Desde Stop Biogás Zamora nos gustaría dirigirnos a esas entidades y organismos y también a la Junta de Castilla y León para pedirles que escuchen la voz de los vecinos, que son los dueños de los pueblos y a los que grandes empresas sin escrúpulos tratan de desahuciar de por vida. No hay cargo institucional ni proceso electoral», aseguran, «que legitime avasallar y arrasar con la forma de vida de los pobladores de una tierra y destrozar su futuro para siempre».
