La Junta de Castilla y León está abierta a endurecer la regulación que condiciona la instalación de macroparques solares en la comunidad autónoma. Así lo ha confirmado este jueves, tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, que ha aludido en concreto a la posibilidad de restringir la acción de las empresas «en terrenos con elevado potencial productivo».
La respuesta de Carriedo deja en el aire, eso sí, qué parcelas se pueden considerar dentro de ese grupo. Será ya el área de Medio Ambiente la que deba decidir sobre una cuestión que ha provocado auténticos conflictos en algunos pueblos, e incluso problemas de índole familiar, ante los intereses encontrados y las posiciones antagónicas que existen en torno a este particular.
En líneas generales, la problemática enfrenta a las personas que trabajan las tierras y que las necesitan para mantener su forma de vida como profesionales del sector primario, y aquellos que carecen de interés agrícola y ganadero y que ven cómo una empresa externa les ofrece más dinero por instalar las placas que el que perciben por arrendar sus parcelas. La diferencia suele ser abismal.
Con esta realidad como telón de fondo, la Junta de Castilla y León ya ha ido publicando algún Decreto Ley para tratar de proteger los regadíos de última generación, donde el Gobierno autonómico había realizado fuertes inversiones en pos de favorecer la producción agrícola, o los viñedos, cuya conservación también resulta de interés general, a juzgar por la posición tomada por los dirigentes.
Ahora, la cuestión es si, en esos «terrenos con elevado potencial productivo» se incluyen también determinadas zonas de secano u otros cultivos en aras de proteger los intereses de las personas que se dedican, bien como propietarios o bien como arrendatarios, a utilizar las tierras para el fin con el que fueron inicialmente concebidas.
