La Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León ha recibido, desde el inicio de este año y hasta el 31 de julio, un total de 1.743 reclamaciones de arbitraje por parte de los consumidores y usuarios de la comunidad. Del total de reclamaciones presentadas, han sido ya resueltas más de 1.200, incluyendo 574 laudos y 280 resoluciones de acuerdo voluntario entre las partes.
Las reclamaciones de gas, telefonía y electricidad continúan centrando el grueso de las presentadas por los consumidores ante este órgano de mediación gratuito y voluntario. Las quejas por estos tres servicios representan casi el 54% del total de las formalizadas en lo que va de año. El mayor volumen se corresponde con los servicios de gas (357 reclamaciones), seguido de los de telefonía e internet (313) y de los de suministro de electricidad (268).
Durante este ejercicio 2024, el sistema arbitral de consumo de la Junta de Castilla y León cumple 30 años al servicio de los consumidores y usuarios de la comunidad, como un sistema alternativo a la justicia ordinaria para la resolución de los conflictos que surgen entre los consumidores y las empresas, al que se someten voluntariamente ambas partes.
Es un procedimiento «gratuito, sencillo, imparcial, voluntario y rápido, ya que los plazos de resolución son sustancialmente inferiores a los procesales». Otra de sus ventajas es su carácter ejecutivo, puesto que los laudos que se dictan, previo sometimiento voluntario de las partes, son de obligado cumplimiento.
Las reclamaciones presentadas se pueden resolver en una primera fase por acuerdo de las partes, verificado, posteriormente, por la Junta Arbitral. En caso de no alcanzarse ese acuerdo, la resolución se realiza mediante laudo emitido por los órganos arbitrales integrados en la Junta Arbitral. Estos laudos son de obligado cumplimiento tanto para la empresa como para el consumidor, de manera que, si una de las partes no la acata, la contraria puede exigir su cumplimiento ante el correspondiente Juzgado de Primera Instancia.
La Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León cuenta actualmente con más de tres mil empresas adheridas. Mientras, su actividad se ha ido incrementado de forma paulatina a lo largo de los años, observándose desde 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, un fuerte aumento en la demanda del servicio por parte de los ciudadanos.
