El Defensor del Pueblo ha admitido, en su informe sobre los retos de la inclusión financiera, «la especial incidencia» que ha tenido el cierre de sucursales bancarias en Zamora y en otras cuatro provincias de Castilla y León, como Ávila, Burgos, León y Palencia, y ha señalado que el problema «debe abundarse urgentemente». El órgano ha explicado que la circunstancia ha afectado particularmente a «pueblos con pocos habitantes, especialmente los de menos de 100, mal comunicados y con poblaciones con medias de edad superiores a los sesenta años».
Ya por ese motivo, el Defensor del Pueblo inició hace unos años una actuación de oficio con la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y con el Banco de España, que sirvió para constatar que este proceso se consideraba «inevitable por razones de racionalidad y eficiencia, así como por los cambios en el canal de distribución principal derivado de la creciente implantación de las nuevas tecnologías».
En concreto, el Banco de España señalaba que la situación era similar a la del resto de los países de la Unión Europea y que, no obstante, España mantenía una ratio de oficinas por habitante superior a la del resto de los Estados miembros. Además, veía en el aumento del uso de la banca en línea y el comercio en red la vía más efectiva para contrarrestar los efectos del cierre de oficinas, un argumentario que chocaba frontalmente con la realidad de Zamora.
No en vano, según indica ahora el Defensor del Pueblo, «esta brecha de desigualdad es incompatible con los principios constitucionales de equidad e igualdad y en definitiva es una cuestión de derechos y libertades que no es aceptable en una sociedad moderna». Es más el órgano ha concedido que «el tiempo ha ido ponderando al alza el impacto que cabe atribuir a la ausencia de entidades bancarias en un territorio».
«El análisis cuantitativo sobre el número de oficinas, la disponibilidad de medios alternativos de pago y de provisión de efectivo aporta sin duda valiosos datos de referencia, pero no es capaz de ofrecer una imagen completa de dicho impacto. Y es que, en este ámbito, el foco ha de ponerse en la percepción de las personas afectadas», abunda el informe, que cita un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que encara precisamente este asunto.
La proximidad, esencial
Las personas consultadas perciben en su mayoría este proceso de desbancarización como algo relativamente reciente, acelerado y de alcance general. Además, «el elemento de proximidad se considera esencial para muchos usuarios bancarios, de modo que siete de cada diez personas consultadas tienen cuentas en entidades con sucursal en su localidad», afirma el informe del órgano.
En ese sentido, las alternativas, como los servicios de ofibus (servicios bancarios móviles para operaciones básicas que acuden al núcleo poblacional con una periodicidad variable de entre una vez a la semana y una vez al mes) «no parecen tener un suficiente nivel de implantación, ya que no llegan ni a la quinta parte de los municipios de residencia de las personas encuestadas que no disponían de sucursales abiertas».
Así las cosas, a la vista de la ausencia de soluciones concretas, el Defensor del Pueblo realiza la siguiente reflexión: «La percepción sobre los efectos para la vida de las personas y para la pervivencia de sus comunidades rurales ha ido ganando atención social y política, pero no hasta un punto en que quepa identificar una estrategia integral capaz de superar esta situación. El alejamiento de los servicios bancarios de las zonas menos pobladas constituye un ejemplo más del proceso de precarización en el nivel de acceso a bienes y servicios en determinados territorios, que no parece que pueda revertirse eficazmente con medidas alternativas de carácter digital».
