La acusación particular del caso Ultra Sanabria pidió la investigación de los dos últimos presidentes de la Diputación, Francisco José Requejo y Javier Faúndez, y de sus correspondientes responsables del área de Deportes, Jesús María Prada y Juan del Canto, para esclarecer el pago de subvenciones nominativas al club «pese a los informes técnicos desfavorables», según ha confirmado este medio a través de fuentes cercanas a la investigación.
Esas mismas fuentes señalan que la acusación citó una supuesta irregularidad procedimental y una «arbitrariedad» a la hora de otorgar las citadas nominativas a este club deportivo, lo que a su juicio podría ser constitutivo de un delito de prevaricación. Esa demanda se apoyó igualmente en la posición de los técnicos para subrayar que se trataba de un evento que podrían haber organizado otras entidades y que, por tanto, tendría que haberse abierto la vía de la concurrencia competitiva para que cualquier otro club hubiese optado a ese dinero.
La acusación incidió también en que los responsables políticos habrían soslayado de manera sistemática los informes técnicos para seguir adelante con el procedimiento a sabiendas de que podría ser contrario a Derecho y habrían autorizado la entrega de fondos públicos sin la cobertura legal pertinente. De ahí, la petición para que el juzgado número dos citara a los cuatro políticos en calidad de investigados, como finalmente ha sucedido, según trasladaron este jueves los propios interesados.
Las mismas fuentes cercanas al caso hablan también del levantamiento de reparos de los técnicos para seguir adelante con el proceso como uno de los argumentos esgrimidos por la acusación, al tiempo que mencionan la continuidad en «la arbitrariedad» por parte del equipo de Gobierno que entró en 2023. Ante eso, el presidente actual de la Diputación, Javier Faúndez, defendió este jueves que, en su caso, los expedientes habían ido sin reparo.
Cabe destacar que los cuatro políticos citados como investigados han anunciado en las últimas horas su intención de presentar un recurso para que, en cuestión de días, el juzgado deje sin efecto su declaración como investigados en el caso. Todos ellos entienden que no hay razones de peso que justifiquen la citación y enmarcan en la normalidad del funcionamiento administrativo y de gestión todo lo que la acusación percibe como presuntamente delictivo.
Un caso más grande
Sea como fuere, la situación de los representantes o ex representantes públicos forma parte de un proceso mayor relacionado con un presunto fraude ligado al cobro de subvenciones por parte de los responsables del club Ultra Sanabria. La investigación viene de hace tres años, aunque el caso no estalló en el plano mediático hasta 2025. Fue en ese momento cuando la Diputación decidió romper con la entidad y retirarle el apoyo.
Según las fuentes consultadas, todo el caso nace de una acusación que pone en conocimiento de la Policía la existencia de movimientos sospechosos, facturas duplicadas y otro tipo de indicios que permiten abrir el proceso. El tema implica a Asuntos Internos de la Policía, habida cuenta de que el responsable del club trabajaba en el Cuerpo. A partir de ahí se desarrolla una investigación, se abren diligencias y se practica una entrada de registro al domicilio del presidente de la entidad deportiva.
Eso sucedió en 2025. Las fuentes consultadas apuntan que «aún quedan por salir muchísimas actuaciones». Los cuatro políticos tratarán de evitar, por el momento, tener que declarar en calidad de investigados el próximo 25 de septiembre, fecha que consta en la citación que ellos mismos comunicaron este jueves.
