La Confederación Hidrográfica del Duero insiste en la necesidad de mantener un caudal ecológico en el río Eria, lo que está afectando de forma importante a la capacidad de riego de los agricultores de la zona. Un río, recuerdan en la zona, que no está regulado, que no tiene presas (como sí tiene el Órbigo, por ejemplo) y que «tradicionalmente, en años secos, se ha llegado a secar durante el verano». Un río que ahora se quiere proteger a costa de restringir el uso de agua para los cultivos de la zona.
Esta es una de las principales conclusiones extraídas de la reunión que mantuvieron hace unos días algunos de los agricultores afectados por la restricción del riego en la zona, que han comenzado la constitución de Comunidades de Usuarios, con la Confederación Hidrográfica del Duero. Reunión en la que la CHD dejó además claro que no se va a dar autorización a ningún pozo más en la zona y en la que confirmó que las sanciones que se han iniciado «seguirán su curso», sin perjuicio de que los afectados quieran presentar las reclamaciones oportunas, que se estudiarán.
Para intentar seguir funcionando y hacer frente a las restricciones al uso del agua de la Confederación, que han aumentado en las últimas semanas con la llegada de cuantiosas multas a las casas de un buen número de agricultores, el sector ha puesto en marcha la constitución de una Comunidad de Usuarios que podría estar lista para los meses de verano. A la primera reunión, que se celebró a comienzos de la semana pasada, se suma otra prevista para el día 20 de mayo. No es la situación ideal, aseguran desde la propia zona en declaraciones a este periódico, pero sí es una solución transitoria que permite seguir trabajando en lo que se moderniza el riego en la zona, que en muchos casos se realiza todavía por inundación. Cambiar este sistema «puede llevar siete, ocho o diez años»: «Si no nos dejan regar en este periodo, nos matan», apuntan las mismas fuentes.
La Comunidad de Usuarios da a los agricultores una cierta libertad para poder «mover» el agua entre cultivos y entre tierras que tengan o no derechos de regadío. Así, si un afectado tiene derechos de regadío en cinco hectáreas pero no los tiene en otra tierra de otras cinco, puede decidir en qué parcela «gasta» esos derechos. Y, si una persona que puede regar tiene un cupo de agua a su disposición que no gasta, puede «venderla» a un agricultor que no tenga derechos para regar.
Controlar el uso
La cuestión aquí, apuntan desde la zona, es controlar el uso del agua, situación que hasta ahora no se ha hecho. Y es que, aunque muchos pozos están regulados, otros no lo están (se calcula que alrededor del 30% no están dados de alta). La Confederación Hidrográfica del Duero plantea la instalación de contadores de agua en los pozos, algo a lo que se muestran remisos los agricultores, que apuestan por planes de cultivo como los existentes en el sur de España (se establece que una hectárea de cierto cultivo necesita cierta cantidad de agua, y se estima que es esa cantidad la que realmente se va a gastar). Agua que se podría gastar en una superficie potencial de riego que todavía se tendría que delimitar.
Con todo, estas cuestiones y otras tendrán todavía que resolverse una vez se constituya realmente la Comunidad de Usuarios. Los afectados esperan que la Confederación Hidrográfica tenga a bien legalizar algunos de los pozos que ahora, después de décadas de uso, son todavía ilegales. «Se pudieron legalizar en los ochenta, y también hace veinte años, y mucha gente no lo hizo», reconocen en la zona, pero insisten en que «dejar a la gente sin trabajar no es una solución».
