En Morales de Rey, Santa María de la Vega, Fresno de la Polvorosa o Maire de Castroponce la gente tiene miedo a abrir al cartero. Sobre todo los agricultores, que han visto como en las últimas semanas la actividad sancionadora de la Confederación Hidrográfica del Duero se ha disparado hasta el punto de que, a día de hoy, «compromete el futuro» de un buen número de explotaciones de la zona. Del centenar de agricultores que hay en la zona, «casi la mitad» han recibido en sus casas cartas con sanciones por uso indebido de agua. Sanciones que, como en el caso de Santiago Castro, de Santa María de la Vega, alcanzan los 2.400 euros por hectárea. «Imagínate, si nosotros de aquí sacamos 600 euros limpios por hectárea, si llega», asegura.
En la zona el tema de conversación no es otro desde hace semanas y los agricultores no entienden por qué la actividad sancionadora de la CHD ha aumentado de forma «tan desproporcionada» durante estos meses. Hasta el punto de que «hay personas que están pensando en dejarlo», un problema para la agricultura de una zona en la que el sector carece de relevo generacional. «Aquí, secano, no podemos poner porque no tenemos extensión suficiente. Parece que quieren dejar toda la zona de choperas», apunta José Casado, compañero del primer agricultor, mientras ambos hacen una parada de unos minutos antes de continuar plantando patatas.
La problemática viene de varios frentes. Primero, por los pozos, muchos «muy antiguos, de más de cien años» y que, en algunos casos, no están convenientemente declarados en la Confederación Hidrográfica del Duero. Y, en el otro caso, por las tierras que no están declaradas como regables. Aunque los agricultores reconocen que «alguna vez se nos ha dicho» y «no hemos hecho mucho caso», piden ahora una moratoria para poder regularizar y modernizar el regadío, que en algunas zonas se hace todavía por inundación, para volverlo subterráneo.
Una operación cara, aseguran, aunque confían en ayudas públicas «como las que están recibiendo otros proyectos de energías renovables». El caso es que, mientras la cuestión se regulariza y moderniza «pueden pasar tranquilamente ocho o diez años», y «si no nos dejan regar en ese periodo como lo estamos haciendo ahora, en dos años aquí no queda nadie y los pueblos están vacíos».
La práctica habitual en la zona es que exista un pozo cada dos o tres tierras. Pozo del que, en la práctica, cogen agua tanto el dueño de la tierra como los vecinos. «Les hemos dicho que lo queremos regularizar, que nos pongan un canon… Pero es que no quieren, parece que lo que buscan es que dejemos de trabajar y que se mueran las tierras». Y, otra variable a tener en cuenta, es que hay pozos que están declarados pero las multas llegan porque las tierras no tienen concesión, o pozos que están «declarados en Minas pero no en la Confederación, y hacer el traspaso de expediente ya son 1.200 euros más IVA que nos quieren cobrar», lamentan los agricultores.
Los agricultores han empezado a moverse ante los últimos acontecimientos y el lunes 22 se celebrará una reunión que, es de prever, servirá para constituir oficialmente una Comunidad de Regantes, una «especie de asociación en la que unos pongan los derechos de las tierras y otros pongan el agua» para que se pueda seguir trabajando «mientras se hace el riego subterráneo por presión que queremos hacer», similar al que hay en Fresno de la Polvorosa, el pueblo de la zona «que mejor lo tiene hecho». Pero todo está a la espera de que la Confederación acepte la moratoria, algo que no está claro. Los agricultores de la zona aseguran que las multas de la zona superan, en total, las decenas de miles de euros. «Nos arruinan», aseguran.
Un sector muy envejecido
En el campo o en el pueblo, el tema de conversación es siempre el mismo. Alfonso Blanco también ha vivido del campo, es de Morales de Rey y dice que en el pueblo, donde llegó a haber «más de cien agricultores», ahora quedan «como mucho doce», y todos veteranos. La media de edad, dice, supera los 55 años y «de aquí a diez años la mayoría están jubilados». El campo de la zona, parece, se queda sin recambio, puesto que el agricultor más joven tiene 35 años.
Las tierras son las mismas ahora que hace cuarenta años, pero si antes las llevaban cien personas, «ahora las llevan diez». ¿Por qué? Pues «porque antes vivías con cuatro hectáreas de terreno y ahora necesitas cuarenta si quieres hacer algo». Algo que motiva que en la zona los agricultores arrienden tierras unos a otros, algo que se practica sobre todo con los propietarios que han abandonado el pueblo. Y esto conlleva otro problema, también derivado de los problemas del riego. «Las multas les llegan a los dueños de las tierras, no a los arrendatarios. Y algunos están diciendo que se acabó, que no quieren problemas, porque no viven aquí y ellos no sacan rendimiento de las tierras».
El sector espera que la situación empiece a aclarar con la constitución de la comunidad de usuarios, pero «no hay nada claro» y las multas, asumen los que las han recibido, «van a ir para delante salvo sorpresa. Lo único que pedimos es algo de tiempo, no somos delincuentes. Si no tenemos margen, muchas tierras se quedarán vacías y la gente se irá de aquí. Esto puede matar a la zona», aseguran las afectados.
