Una patrulla de la Guardia Civil se personó en el mediodía del viernes en el Ayuntamiento de Cobreros, a instancias de los dos concejales del Grupo Popular, después de que el secretario municipal se negara a celebrar un Pleno extraordinario solicitado por los dos ediles populares. Los agentes han elaborado un informe que se entregará en el juzgado de Puebla de Sanabria cuando así lo solicite el juez, según relatan los dos concejales del PP.
Los representantes del Partido Popular «entienden que este acto es ilegal, arbitrario y un abuso de poder que presuntamente puede ser entendido como un delito de falsedad en documento público, así como prevaricación». Los hechos emanan de la petición de celebración de un Pleno Extraordinario por parte de los ediles del PP el viernes 9 de febrero. El Pleno, dicen, no fue convocado por el alcalde, de Futuro, en tiempo y forma. El 4 de marzo se celebra un Pleno que, si bien se puso sobre la mesa que era a instancias del PP, «no era así» ya que «ni en la notificación de la convocatoria ni en el decreto por el que se convoca consta esta información». El secretario, siempre según las mismas fuentes, rectifica.
La cuestión es que la Ley de Bases de Régimen Local establece que, si el alcalde no convoca el Pleno extraordinario solicitado en tiempo y forma, este queda automáticamente convocado para el décimo día después de que acabe el plazo a las doce del mediodía. Es decir, ante la falta de la convocatoria, el Pleno debía haberse celebrado ayer al mediodía.
Los dos concejales del PP acudieron al Ayuntamiento dispuestos a celebrar el Pleno, convocado para tratar la reforma de los consultorios, pero el secretario municipal «se ha negado a celebrarlo» aunque está convocado «conforme a la ley». Los ediles populares solicitan entonces la comparecencia de la Guardia Civil, que levantó informe de lo sucedido.
Los consultorios
Sobre el fondo de la cuestión, el PP denuncia que el Ayuntamiento, que ha aprobado un presupuesto de casi 800.000 euros, «no se quiera gastar ni el cuatro por ciento para adecentar los consultorios, que actualmente no tienen autorización para su apertura». «También nos parece preocupante que el secretario de la corporación no quiera asumir su obligación de notificar la convocatoria de Pleno ni de celebrar la sesión, algo que entendemos que vulnera nuestro derecho fundamental a la participación en asuntos públicos que consagra el artículo 23 de la Constitución Española», concluyen los ediles del Partido Popular.
