El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha analizado las propuestas de acuerdos políticos sobre amnistía y medidas financieras, conocidos el pasado 2 de noviembre a través de una nota de prensa firmada por el PSOE y por ERC en el marco de las negociaciones para la formación del Gobierno de la nación. Este texto «recoge medidas que podrían atentar contra los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el principio de igualdad en España a través de la amnistía, y menoscabar la financiación y recursos públicos para el mantenimiento de servicios esenciales para la ciudadanía de Castilla y León, a través de medidas financieras y económicas de privilegios», asegura el Ejecutivo regional.
En esta línea, la Junta de Castilla y León ha adoptado dos acuerdos. En primer lugar, iniciar el procedimiento para la impugnación inmediata mediante Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la materialización formal que se produzca de los acuerdos políticos sobre la amnistía.
Por otro lado, «también se acuerda iniciar el procedimiento para la impugnación inmediata mediante Recurso de Inconstitucionalidad o Recurso Contencioso-Administrativo contra la materialización formal de las medidas financieras y económicas recogidas en los mismos acuerdos político ante el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo o Audiencia Nacional, en función de la institución que adopte y materialice el acuerdo».
