Agricultores de la provincia de Zamora aseguran que el nuevo decreto que regula la venta directa y los circuitos cortos de comercialización, que según la Junta «fomenta el consumo local y favorece las relaciones entre los productores y los consumidores», lo que hace en realidad es «poner más trabas» a la venta directa, que ya se venía produciendo legalmente hasta ahora y que, a partir de la entrada en vigor de esta norma, se ha vuelto más complicado. Lo apuntan agricultores consultados en Tierra del Vino y en Tierra del Pan, que aseguran que «de facto» los productos salidos de la tierra ya se vendían de forma directa en pequeños círculos locales, siempre en un radio inferior a los cien kilómetros y con el compromiso de declarar las ventas. «Ahora, con esta ley, lo que supone es que nos vamos a tener que apuntar en un registro, que tendremos que hacer más controles sanitarios para vender de forma local, gastando más dinero, y que habrá que empaquetar y etiquetar» un producto que antes se vendía a granel. «Más burocracia», en suma, lamentan fuentes del sector.
Organismos como el CAECyL, el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, han contactado ya con sus socios para comunicarles las nuevas normas que hay que cumplir, obligatorias desde ahora. Las ventas, que hasta ahora se hacían de manera más «informal», empezarán a estar más regladas. Los productores agrícolas deberán llevar un registro (en el que conste el NIF del vendedor, la descripción de lo vendido y el lugar y la hora de la transacción); tendrán que entregar al consumidor un documento de venta tipo factura o factura simplificada; deberán cumplir la legislación (ya se hacía) y, lo más conflictivo, deberán incluir el logo publicitario elaborado por la propia Junta con el texto «Origen: Aquí».
Dicho logo deberá ser visible en el producto envasado o en las bolsas si se vende a granel, así como en el lugar de la venta. También en las acciones promocionales de venta de canales alternativos. Deberá etiquetarse el producto, con el código de identificación del productos, y los productores estarán obligados a que toda la transformación del producto se haga en sus dependencias. Eso y más papeles, porque habrá que presentar documentación de inicio de actividad (que tendrá una vigencia limitada) y notificar siempre cualquier modificación que se haga tanto en el producto como en los canales de venta.
«Antes, legalmente, podía vender lentejas a mis vecinos, y ahora no puedo a no ser que tenga las etiquetas, los permisos y todos los papeles presentados», lamenta un agricultor de Tierra del Vino. «Lo que han conseguido es lo de siempre, aumentar una vez más los costes y hacernos perder más tiempo y dinero en cosas que no tienen que ver con nuestro trabajo», apunta un colega con la explotación situada al norte del Duero. «Es todo lo contrario de lo que dicen. No simplifica la venta, la complica», lamentan desde el sector.
La consejera de Agricultura, María González Corral, presentó oficialmente el decreto la semana pasada en la visita a una explotación de Cuelgamures ya inscrita en el registro oficial. Un registro en el que de momento constan alrededor de medio centenar de agricultores y ganaderos solamente. «La venta directa va a contribuir a que agricultores y ganaderos, cumpliendo unos requisitos, pueden destinar una parte limitada de su producción a la venta de cercanía para mejorar su posición en la cadena de valor y reforzar sus vínculos con los consumidores gracias a una iniciativa que, en definitiva, favorecerá la actividad económica en el medio rural», manifestó González Corral. Los agricultores consultados no lo ven con los mismos ojos.
El decreto establece límites máximos de comercialización para garantizar que se trata de un canal complementario ligado a producciones de cercanía. Entre otros ejemplos, podrán comercializarse hasta 30.000 kilos anuales de cereales, 10.000 kilos de legumbres, 30.000 kilos de fruta por especie, 10.000 kilos de hortalizas o 50.000 kilos de patatas. Cantidades, aseguran en el sector, elevadísimas, pues los productores que ya vendían a sus vecinos no alcanzan esas cotas. Seguirán ahora manejándose en las mismas, pero «con más papeles que hacer, más tiempo perdido y más dinero dejado por el camino».
