El Gobierno de la Junta de Castilla y León presentará un presupuesto para el año 2026 ante las Cortes, a pesar de que existen dudas más que razonables en torno a la posibilidad de que el borrador pueda ser aprobado, habida cuenta de que el Partido Popular gobierna en minoría y de que todos los grupos velan armas ya para las elecciones del 15 de marzo del próximo ejercicio.
En todo caso, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha abogado por trabajar para completar la legislatura y por presentar el presupuesto antes del 15 de octubre, como marca el Estatuto de la comunidad: «Nos queda intentar obtener apoyos», ha constatado el representante del Gobierno de Castilla y León.
Carriedo se ha mostrado consciente de que el presupuesto se ejecutaría, en su mayor parte, desde el Gobierno que nazca de las urnas, pero ha incidido en la importancia de trasladar «estabilidad y seguridad» a los ciudadanos.
Además, en otra comparecencia, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha deslizado algunas de las líneas que irán en ese borrador. Entre ellas, la apuesta por la baja fiscalidad o por ofrecer suelo industrial para que se instalen las empresas.
