UPL, Viriatos Zamora, Agrygalza y Terra Sostenible no se rinden en la batalla judicial por la recuperación de los servicios ferroviarios en Sanabria. Tras el portazo de una jueza de Zamora a la querella presentada a comienzos de junio, los colectivos irán ahora a los juzgados de Madrid y a la Audiencia Nacional para tratar de darle más recorrido al caso.
Conviene recordar que el juzgado zamorano rechazó admitir a trámite la querella por falta de competencia desde el punto de vista territorial. La resolución emitida hace unos días ni siquiera entra a valorar el fondo del asunto de una demanda que señala un posible delito de prevaricación por parte de altos cargos de Renfe, Adif, el Ministerio de Transportes o el alcalde de Vigo.
Ante esta situación, los denunciantes presentarán en las próximas horas su demanda ante los juzgados de instrucción de Madrid y ante la Audiencia Nacional, órganos judiciales que, por razón de territorio y de la relevancia institucional de los implicados, «podrían ser competentes para conocer del asunto».
Las entidades denunciantes consideran que los hechos podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, como ya se había citado, y de abandono ilegal de un servicio público esencial (art. 409 CP), «ya que la eliminación de paradas afecta a una línea ferroviaria declarada como Obligación de Servicio Público (OSP), cuya modificación exige un procedimiento formal, motivación legal y justificación técnica, todo lo cual ha sido omitido».
Además, denuncian que la supresión «pudo responder a intereses políticos o territoriales ajenos al interés general, y recuerdan que el Estado ya compensa económicamente los servicios ferroviarios deficitarios, por lo que el cierre no puede justificarse por razones presupuestarias».
