Unión el Pueblo Leonés (UPL), la asociación Viriatos, Terra SOStenible y Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora han presentado este viernes, en los juzgados de la ciudad, la anunciada denuncia con la que pretenden paralizar la supresión de trenes en Sanabria. Los colectivos se aferran a un presunto delito de prevaricación y a otro relacionado con la eliminación de servicios públicos, y apuntan a los presidentes de Renfe y Adif, al secretario de Estado de Transportes y al alcalde de Vigo. Este último, «como instigador».
La encargada de ofrecer los detalles de la denuncia ha sido la abogada Pilar Calvo, representante de los colectivos. La letrada ha explicado los pormenores y ha recalcado que la demanda incluye la petición de medidas cautelares. Es decir, que mientras se dirime el asunto, los servicios matinales de Sanabria se mantengan.
Calvo ha explicado que la denuncia argumenta que el AVE fue declarado de utilidad pública cuando se construyó. Además, se realizaron expropiaciones, algunas de las cuales «ni siquiera se han pagado» y otras «se pagaron a unos precios irrisorios». «Más que expropiar, lo que se hizo fue quitarle a la gente las tierras para construir la línea», ha señalado la abogada, que ha indicado que, ahora, «no había ningún motivo para reducir las paradas».
«Recordemos que había seis llegadas y cinco salidas, y ahora quedan cuatro y cuatro. Además, se quitan salidas y llegadas a primera hora de la mañana, con lo cual se deja prácticamente sin servicios a la comarca», ha insistido Calvo, que ha recordado la movilidad laboral existente en la línea. «Según el presidente de Renfe, en declaraciones que ha hecho a los medios de comunicación, se han cerrado las paradas de AVE en Sanabria por un motivo de interés público. El interés público lleva unos trámites legales que exigen el trámite de audiencia a los interesados y también una declaración de interés público por parte del Ministerio de Transportes que no se ha llevado a cabo», ha añadido Calvo.
«Decisión injusta a sabiendas»
Para la abogada, esta es «una decisión injusta a sabiendas, con lo cual entraría dentro del presunto delito de prevaricación». «Por otro lado, el tren tiene una vocación de servicio público y, en este caso, si se quitan frecuencias, el servicio público para el que está destinado no lo lleva a cabo», ha apostillado Pilar Calvo, que ha remarcado que el Gobierno compensa a Renfe y a Adif todos los años por aquellos servicios que son deficitarios: 918 millones en 2025. «Entonces no tiene sentido ninguno, desde el punto de vista jurídico o técnico, suspender estos», ha constatado.
Para Pilar Calvo, el movimiento puede suponer un delito castigado con la pena de ocho meses de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. La letrada ha aclarado que la demanda se ha presentado en Zamora por ser la provincia a la que afecta, aunque no ha descartado que, si se considera que influye también a otros territorios, pueda pasar a la Audiencia Nacional.
