El presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, verbalizó el pasado 28 de octubre, ante el Comité Federal del PSOE, su voluntad de amnistiar a los encausados por el procés. Dos días después, casualmente la tarde previa a la jura de la Constitución por la princesa Leonor, se difundía por voluntad de los retratados una simbólica foto del secretario de organización socialista, Santos Cerdán, junto al expresidente catalán Carles Puigdemont. La tarde siguiente, el PSOE y ERC formalizaban el acuerdo para la investidura que incluía, además de la amnistía, la cesión de los trenes regionales (rodalies) y la condonación de 15 000 millones de la deuda catalana.
Por su parte, el 87 % de los militantes socialistas han avalado los acuerdos de investidura.
En este momento nos planteamos tres cuestiones fundamentales:
¿Tiene una ley de amnistía encaje constitucional?
¿Contribuirá a resolver el problema catalán?
¿Pone en riesgo de algún modo la convivencia en España?
Sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía
Hay abierto un debate entre los expertos en torno a la constitucionalidad de una ley de esta naturaleza. Quienes la rechazan esgrimen como principal argumento que, en tanto que la Constitución no la recoge expresamente y prohíbe los indultos generales, debe de deducirse que quien impide lo menos, también imposibilita lo más. Ello, al margen de la existencia de diversos pronunciamientos contrarios del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Frente a esta postura, quienes defienden su encaje constitucional recuerdan su inclusión expresa en el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículo 666.4– como excepción para exigir responsabilidad penal o la obligada observancia de tratados internacionales suscritos por España, donde se alude expresamente a esta cuestión.
A ello añaden la existencia de precedentes históricos en España y la presencia de ejemplos similares en el derecho comparado.
Llegado el momento, el Constitucional será quien resuelva qué argumentación presenta mayor validez jurídico-política. Para entonces, Sánchez ya sería presidente.
¿Resolverá algo en Cataluña?
Más allá del debate sobre la constitucionalidad de la ley, existen también visiones dispares sobre la utilidad política de la misma. Frente a quienes la niegan, otros la defienden trayendo a la memoria los éxitos obtenidos con la concesión de los indultos a los/as condenados/as por los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 y posteriores. Es imposible saber si existe relación de causa efecto, pero lo cierto es que la tensión en Cataluña se ha moderado. En el último estudio del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) se refleja que la permanencia de Cataluña en España es apoyada por 10,7 puntos más que la apuesta por la independencia, siendo esta la tercera mayor brecha desde el año 2017. A ello hay que sumarle que las elecciones generales de junio de 2023 arrojaron unos excelentes resultados para el PSC, que sumó más votos que Junts y ERC juntos.
Si la aprobación de una ley de amnistía traerá consigo un escenario de mejora de la situación en Cataluña o no es en este momento una cuestión central de incertidumbre.
Desde el resto de España se ve de otro modo
Nada habría sido igual si el PSOE no precisara de los votos de Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez. El debate sobre la amnistía no habría estado sobre la mesa. Los socialistas, en su mayoría, la descartaban antes de las elecciones. Pero la aritmética parlamentaria ha dibujado un escenario complejo que ha servido para que los independentistas la reclamen como requisito indispensable para dar su apoyo.
Ante el envite, la sociedad española se ha refugiado de nuevo en antiguas trincheras. En un lado, quienes denuncian lo que consideran una indignidad que desautoriza a la España democrática y sus instituciones. De otro, los que, bajo el parapeto argumental de la necesidad de formar un gobierno progresista y evitar la coalición entre la derecha y la ultraderecha, defienden ahora la amnistía.
El desencuentro de las dos Españas está servido. La sangre no llegará al río. Nuestras instituciones son fuertes y la ciudadanía cabal. Pero, no se engañen ni unos ni otros. Como hace noventa años advirtiera Ortega y Gasset, el enjundioso problema catalán no se puede resolver. Aspiremos solo a conllevarlo.
Santiago Delgado Fernández, Profesor titular Ciencia Política, Universidad de Granada
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
