Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado este sábado un escrito ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y otro ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en protesta por la decisión de Renfe de suprimir paradas en Zamora en la reorganización de sus servicios de alta velocidad en el corredor Madrid-Galicia. UPL exige explicaciones, reclama la restitución inmediata de los servicios eliminados y anuncia que «la batalla no ha hecho más que empezar».
Los leonesistas han señalado que la nueva reorganización de Renfe crea trenes directos entre Galicia y Madrid que atraviesan Zamora sin detenerse. «La línea pasa por nuestra ciudad —construida y mantenida con el dinero de todos los españoles, también de los zamoranos— pero los trenes no paran. Una decisión que no es un ajuste técnico ni una optimización operativa: es una decisión política que alguien ha tomado, que alguien ha autorizado y de la que alguien debe responder públicamente», han explicado desde el partido.
Ante el Ministerio de Transportes, UPL ha exigido que se hagan públicos los criterios técnicos, económicos y territoriales que justifican la supresión de paradas en Zamora, que se remita el estudio de impacto territorial previo a la decisión —si es que existe— y que se adopten medidas inmediatas para restituir el nivel de conectividad del que Zamora disponía antes de esta reorganización.
Ante la CNMC, organismo regulador independiente con competencias de supervisión sobre el sector ferroviario, UPL ha solicitado que se abra una investigación para determinar si la decisión de Renfe es compatible con las obligaciones de servicio público aplicables y con el principio de no discriminación territorial. Asimismo, ha pedido la adopción de medidas cautelares que suspendan la aplicación de los nuevos horarios en lo relativo a las paradas suprimidas en Zamora hasta que se resuelva el procedimiento.
UPL ha anunciado, además, que en los próximos días trasladará esta denuncia a las Cortes de Castilla y León, donde se instará a los grupos parlamentarios a exigir que la Junta de Castilla y León se pronuncie de forma clara y contundente ante el Gobierno de España. «El silencio de la Junta ante este atropello sería tan inaceptable como la propia decisión de Renfe: una administración autonómica que no defiende la conectividad de sus ciudadanos ante el Estado no está cumpliendo con su obligación más elemental», han apuntado los leonesistas.
Asimismo, UPL buscará el respaldo de grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados para que la cuestión sea planteada en sede parlamentaria mediante preguntas escritas urgentes al Gobierno, «forzando una respuesta oficial y pública sobre los criterios aplicados».
Para UPL, Zamora no es un punto del mapa que los trenes puedan atravesar sin detenerse. «Sus ciudadanos tienen los mismos derechos que los de cualquier otra ciudad española. Pagan los mismos impuestos, han contribuido a financiar la misma infraestructura y merecen el mismo nivel de servicio. No lo pedimos como un favor. Lo exigimos como una obligación irrenunciable del Estado», han remachado.
