Los países iberoamericanos, junto a la Secretaría General Iberoamericana, han acordado este miércoles, en Zamora, la creación de un Observatorio Iberoamericano sobre el bienestar integral de la infancia, la adolescencia y la juventud, orientado a promocionar estándares comunes y cooperar frente a «los riesgos y oportunidades del entorno digital». Esta es la conclusión principal de una cita en la que ha participado, entre otros, la ministra española Sira Rego y que ha provocado un fuerte incremento de la presencia policial en la ciudad.
Así lo recoge la declaración firmada por los países participantes en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, que ha tenido lugar esta mañana en la sede del Consejo Consultivo. A este respecto, la declaración, que será elevada a las Jefas y Jefes de Estado de la XXX Cumbre Iberoamericana, recoge el acuerdo de «elaborar e impulsar las debidas políticas y herramientas para favorecer el acceso seguro, inclusivo y equitativo de niños, niñas y adolescentes a los medios de comunicación y los entornos digitales a través de programas de alfabetización digital».
Entre estas políticas, se incluyen obligaciones a las plataformas digitales, que deberán implementar «mecanismos eficaces de verificación de edad, canales de denuncia accesibles y medidas de diseño seguro, protección de datos, accesibilidad y mitigación de riesgos». La declaración destaca también la necesidad de «regular los patrones de uso intensivo como la reproducción automática, el desplazamiento infinito y las notificaciones persistentes para garantizar su derecho a la información veraz, la libertad de expresión y la protección frente a fenómenos como la violencia digital, el abuso o la explotación sexual en línea».
Asimismo, en el documento, los países iberoamericanos consideran «imprescindible profundizar los avances alcanzados y afrontar con determinación los desafíos persistentes y emergentes» que afectan a la infancia y la adolescencia, con el compromiso de «asegurar una Iberoamérica en la que todos los niños, niñas y adolescentes dispongan de entornos más seguros, inclusivos y propicios para su pleno desarrollo, en condiciones de dignidad, igualdad y bienestar».
De este modo, los países participantes han acordado “ratificar el papel del Estado en el desarrollo y la implementación de las políticas públicas con perspectiva de infancia destinadas a mejorar la calidad de vida” de la infancia y la adolescencia, «su protección integral y el disfrute pleno de sus derechos, así como la participación de las familias y la sociedad civil en dicho desarrollo».
Entre los acuerdos destaca también la elaboración y el desarrollo de una Estrategia Integral a Favor de la Primera Infancia, que promoverá acciones de «prevención, atención y apoyo psicosocial» para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de las infancias. El documento recoge igualmente la promoción del derecho de niñas, niños y adolescentes a la participación efectiva, consciente e informada en los espacios de reflexión y desarrollo de políticas públicas, subrayando su reconocimiento como «sujetos de derecho».
Para ello, los países han encargado a la Organización de Estado Iberoamericanos (OEI) el desarrollo de una guía de buenas prácticas y metodologías que puedan ser negociadas intergubernamentalmente e implementadas en la región. Asimismo, los países de la región se comprometen a desarrollar y reforzar sus ordenamientos jurídicos e institucionales para poner en el centro la prevención, detección y atención integral de todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, se considera prioritario «el ámbito educativo, mediante el fortalecimiento de la convivencia escolar, la implementación de protocolos de actuación, mecanismos y de reporte y seguimiento de casos». La declaración recoge finalmente el desarrollo de políticas en favor de la niñez y de la adolescencia a través de una «inversión social pública más equitativa, eficaz y eficiente, que tienda a la cobertura universal de los servicios sociales básicos fundamentalmente relacionados con la nutrición, la salud, la educación y la vivienda digna».
