El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha rechazado el recurso contencioso-administrativo presentado por Iberdrola contra la decisión de la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que negaba ampliar el periodo de concesión de uso de aguas para la generación de electricidad de 75 a 99 años en la Central Hidroeléctrica de Villalcampo. La sentencia viene a respaldar la postura de la Administración General del Estado y de los municipios zamoranos afectados por los embalses, que defienden que la concesión acabó en 2024 y que debe iniciarse un nuevo proceso, que está ya en marcha, sobre el aprovechamiento de esta presa. Los ayuntamientos, apoyados por la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses), defendían que la concesión debía extinguirse una vez transcurridos los 75 años de aprovechamiento de las aguas del Duero.
Iberdrola recurrió la decisión interpretando que se han realizado obras que justifican que la concesión se vaya a los 99 años, argumentos que no han sido tenidos en cuenta por el Tribunal Superior de Justicia vasco. Iberdrola, de hecho, ha manifestado en declaraciones remitidas a este periódico que no está de acuerdo con la sentencia y que la recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo.
La sentencia resuelve que la solicitud de Iberdrola, que ahora ha sido desestimada, reproduce una petición ya denegada en 1972, sin que se hayan acreditado nuevas obras hidráulicas relevantes que permitan la extensión hasta los 99 años.
Sin embargo, Iberdrola entiende que la conclusión del TSJPV no es correcta, «puesto que la condición en que se basa la solicitud actual es diferente a la de 1972, estando la actual basada en el cumplimiento de la condición prevista en el título concesional de “control de grandes avenidas”, condición que, a juicio de la compañía, se ha venido cumpliendo de forma efectiva. Esta posición de Iberdrola se sustenta en argumentos jurídicos como en un informe pericial de un catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid», indica la compañía energética.
«Durante las recientes borrascas, en las que se han registrado los mayores caudales y vertidos de los últimos años, las concesiones hidroeléctricas de Iberdrola en la cuenca del Duero han respondido de forma eficaz, garantizando la protección de cauces y riberas gracias a una gestión adecuada de los embalses, realizada en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Duero. Es la constatación de que Iberdrola ha cumplido la condición de control de avenidas prevista en el título concesional, lo que ha resultado eficaz para la ciudanía y viene permitiendo el control de los caudales en la Cuenca de Duero», concluyen desde la empresa que todavía gestiona la presa.
La caducidad de algunos de los saltos del Duero, en concreto este de Villalcampo y el de Castro, ha empezado ya a movilizar a los ayuntamientos y a varias asociaciones ciudadanas. Varias agrupaciones de la sociedad civil zamorana, entre las que se encuentran Aqua Nostra, Terra SOStenible, Viriatos Zamora o la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente y Medio Rural de Villalcampo, anunciaron hace dos semanas la presentación de alegaciones en el proceso de reversión al Estado del Salto de Castro, alegaciones que se suman a las presentadas para la presa de Villalcampo, cuya concesión finalizó en octubre de 2024 sin que el expediente pudiera cerrarse, lo que se tradujo en una prorroga a Iberdrola, que sigue explotando la infraestructura. Las alegaciones han sido elaboradas por la abogada Pilar Calvo y buscan, según detalló la letrada, que los «beneficios que se generan por la producción de energía eléctrica en Zamora se queden en esta tierra».
