Ana Porcel, concejala de la agrupación Pueblos con Futuro en el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba, ha denunciado este viernes que la corporación de la que forma parte «no realiza plenos ordinarios» desde hace casi seis meses. «Se ha superado al menos un mes el límite legal», ha advertido la edil de la oposición, que ha señalado «la vulneración del derecho fundamental de los concejales a participar en los asuntos públicos» que supone esta circunstancia.
Para Porcel, ante esta situación, «el secretario del Ayuntamiento debería advertir a la Alcaldía sobre la obligación de convocar las sesiones ordinarias tal como han sido fijadas y, en caso de incumplimiento, debería dejar constancia mediante diligencia de este hecho».
El retraso en la celebración de plenos ordinarios, según la concejala, podría estar relacionado con la respuesta que el alcalde se comprometió a dar sobre el bar El lobo feroz, «alargando premeditadamente la retirada de la prohibición de ejercer la actividad empresarial en el citado establecimiento».
Pero lo más grave, según la concejala, «no es ya que no se celebren plenos ordinarios y que esto afecte a determinados vecinos, que han tenido que pleitear para recuperar sus derechos, sino el hecho de que se celebren en su lugar plenos extraordinarios donde no hay posibilidad de realizar ruegos y preguntas, pervirtiendo, de este modo, el sentido democrático de la institución municipal».
Nulidad del pleno
Por otra parte, la concejala ha solicitado la nulidad del último pleno extraordinario mediante recurso de oficio. Se pide la nulidad de dos puntos: el primero referido a la contratación «a dedo» de Duero-Douro para la instalación de placas solares en tejados con capacidad de almacenamiento, mediante una ayuda que concede para este fin la UE. «Se da la circunstancia que la beneficiaria final de esta adjudicación es la empresa EfiDuero donde trabaja como interventor el secretario del Ayuntamiento», ha remarcado Porcel.
Para la concejala, esto podría entrar dentro de «un inadmisible conflicto de intereses, al margen de la legalidad de la operación, y quedaría en entredicho, además, la compatibilidad entre dos puestos de trabajo: uno como funcionario público y otro como directivo empresarial».
El segundo punto sobre el que se pide la nulidad es el pago de unas facturas fuera de presupuesto referentes a analíticas de agua, al considerar la concejala que no existe información sobre el contenido del servicio prestado y sobre si estas facturas son o no aceptables dentro de los precios de mercado.
