La Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora han firmado este viernes el protocolo de actuación que regirá su plan piloto para fomentar la rehabilitación y puesta en alquiler de vivienda privada en el medio rural. El consejero del área, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente provincial, Javier Faúndez, han rubricado y presentado públicamente ese texto de referencia para una iniciativa que aspira a cumplir con un objetivo básico en materia de despoblación: si las familias quieren mudarse a localidades pequeñas, han de tener un hogar disponible.
Faúndez ha hablado de ello y ha ofrecido algunos detalles más, aunque todavía falta letra pequeña por conocer. Lo grueso dice que el convenio se firmará por un periodo de cuatro años más otros cuatro opcionales y que la idea es financiar hasta el 50% de las obras de rehabilitación que ejecuten los propietarios, siempre y cuando la casa se destine a continuación al alquiler con «un precio razonable».
Está por definir cuánto tiempo tendrá que estar alquilada la vivienda desde la reforma, cuál será ese «alquiler razonable» y qué otros criterios influirán en la concesión de la ayuda, pero la idea general es poner de parte de las administraciones para «asentar población» en el territorio, sobre todo trabajadores.
Así lo ha apuntado también Quiñones, que ha abundado en las cifras sobre la vivienda pública construida en Zamora y que ha destacado que el futuro apunta a la rehabilitación privada con planes como el trazado para la provincia: «Hay demanda, pero no se encuentra vivienda para el alquiler», ha lamentado el consejero, que también ha deslizado que la Junta prevé hacer un esfuerzo para incrementar la oferta de cara a la apertura de Monte la Reina.
En cuanto al montante económico del plan piloto, la Diputación ya tiene una cantidad fijada para el presupuesto de 2026, pero Quiñones ha dejado abierta la respuesta a esa cuestión. Serán «varios cientos de miles de euros». Es decir, no se ha definido.
