La concesión, que en su día recibió Iberdrola, para el aprovechamiento de aguas del embalse de Castro finalizará oficialmente el 22 de julio de 2028. Así lo ha publicado ya oficialmente el Boletín Oficial del Estado, que indica que los plazos iniciales han transcurrido ya y que, por tanto, la compañía energética, que gestiona los designios del embalse desde que se construyó, dejará ahora de ser la responsable de la infraestructura o lo hará en otras condiciones, distintas a las actuales. Es el segundo gran proceso de este tipo abierto en la provincia de Zamora después del relativo al salto de Villalcampo, cuyo expediente finalmente no pudo resolverse en plazo, lo que hace que la infraestructura siga dependiendo de Iberdrola hasta que la situación se aclare.
Por lo que se refiere al embalse de Castro, y según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene un caudal máximo de 610.000 litros por segundo y una potencia de 189.800 kw. El plazo de 75 años se establece desde el 22 de julio de 1953 aunque años más tarde, en 1975, se autorizó una elevación de dos metros del nivel máximo del embalse y la construcción de una nueva central, independiente de la primera (Castro II) y la instalación de un solo grupo generador. Las obras se reconocieron en 1979 aunque la ampliación de la central «no implica variación del plazo de duración de la concesión», señala el BOE.
Como en su día ratificaron desde Federación de Municipios con Centrales Hidroeléctricas de España, lo que pase con estas primeras extinciones de las concesiones marcará el camino para el resto del país. “Esta instrucción servirá como guía y asentará las bases de una oportunidad de futuro de los municipios cedentes de toda España”, apostillan desde el colectivo.
“Nuestra voz está siendo escuchada para paliar una deuda histórica. Se materializa en una propuesta sólida para que se valore la inclusión de proyectos socioeconómicos clave para el desarrollo de nuestras comunidades rurales en los pliegos para la contratación de las futuras concesiones que deberán presentar las empresas interesadas“, añaden. Es decir, los pueblos quieren sacar beneficios de las nuevas concesiones, algo impensable cuando las presas se construyeron pero que ahora se antoja fundamental para el territorio.
“Estamos ante un debate estatal que involucra por igual y sin distinciones a territorios de todas las comunidades de España”, dice Femembalses, que aboga por defender de forma conjunta todas las concesiones para obtener mayores beneficios para los pueblos. En los próximos 75 años caducarán en España 253 concesiones, diez de ellas (todas las que hay) en la provincia de Zamora.
Los primeros movimientos
Ya se han empezado a dar algunos pasos. La Dirección General del Agua propone incluir en los futuros pliegos de concesión criterios de carácter social, comunitario, medioambientales, turísticos o generadores de empleo que compensen a los municipios afectados por estas infraestructuras. “Esta predisposición abre un horizonte en la lucha contra la despoblación, el envejecimiento y por el progreso de las comunidades rurales al abrirse nuevas oportunidades generadoras de puestos de trabajo y de ofrecer una energía más barata tanto a empresas como a nuevos pobladores o inversores potenciales”, apuntan desde la Federación de Municipios con Centrales Hidroeléctricas.
“Debemos conseguir incluir medidas concretas para el impulso social y territorial en el área afectada, la creación de comunidades energéticas o la creación de empleo que cimentarían las actuaciones posteriores en otros puntos de España”, aseguran las mismas fuentes.
