En el curso 2021-2022, 41 centros públicos comunicaron a Educación posible incidencias relacionadas con el acoso escolar. También lo hicieron diez concertados. En total, 51 centros, más de la mitad de los que hay en la provincia. 22 casos se detectaron como posible acoso escolar y ninguno se confirmó. Es decir, en ese curso, según la Junta, no hubo acoso escolar en Zamora. En el curso 2022-2023 se detectaron 36 casos de posible acoso y, de ellos, solo se confirmaron dos. Según los datos de la Junta, desde la pandemia, estos son los casos de acoso escolar que se han producido en la provincia: dos. Del año curso pasado ni siquiera puede reflejarse la estadística porque, directamente, no se ha publicado. Lo hará, seguramente, a principios del año que viene.
Los datos, según la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Centros Públicos de Zamora, la FAPA, no reflejan la gravedad del problema, que existe, es palpable en muchos centros y que afecta a un número de familias que va mucho más allá de lo que dicen las estadísticas. Eva Alonso, Carmen Junquera y Marina Martín, presidenta, vicepresidenta y tesorera de la FAPA respectivamente, lo tienen claro: «Esos datos no valen para nada». Hay más casos, aseguran, pero «se barren debajo de la alfombra para que no salgan» para que «no cuenten en las estadísticas» porque, indican, «los centros no quieren que en los informes aparezca que ahí existe bullying». Lo que sucede es que para borrar el acoso escolar de las aulas no es suficiente con esconderlo detrás de una maraña burocrática, como ahora sucede.
Los centros cuentan con un protocolo, general, y uno específico que depende de las maneras de actuar de cada centro. Pero hay algo que no cambia, y es la primera respuesta con la que el profesorado suele contestar a las primeras sospechas de acoso escolar: «Que no será eso, que son cosas de críos». Lo que exige la normativa es que se comience en ese mismo instante con la llamada «primera fase», que consiste en «conocer, identificar y parar la situación». Pero para que el protocolo arranque, lamentan desde la FAPA, lo primero es reconocer que puede existir un problema, algo que no siempre es tan ágil como debería.
«Falta mucho», indican las tres representantes de la FAPA, para que los centros den al bullying la importancia que requiere. Por ejemplo, los colegios deben tener constituida una «Comisión de convivencia» que, por lo general, no se reúne nunca salvo en casos muy excepcionales. «Hay colegios e institutos donde sí lo hace, como el Río Duero, pero es a instancias de los padres que estamos en el Consejo Escolar, que lo solicitamos e insistimos en ello». En la gran mayoría de los centros «no se convoca» y el coordinador de convivencia, una figura que es obligada en los centros públicos, que es siempre un profesor del colegio o del instituto, intenta «pasar de puntillas» por la cuestión. «No es culpa de los docentes, no es su especialidad, a ellos les cae esta responsabilidad y muchas veces ni siquiera tienen la formación necesaria», reconocen desde la asociación de madres y padres. Un nuevo fallo del sistema en este apartado.
“El agredido suele salir, además, perjudicado”
Cuando se denuncia, «lo primero que hacen los centros es intentar pararlo» sin poner en marcha la maquinaria burocrática. ¿Problema? Que muchas veces es el supuesto agredido el que paga los platos rotos. «Si hay que cambiar de clase a uno de los dos alumnos, como no se ha constatado que hay acoso, lo más sencillo es cambiar al agredido», que suele ser además el que quiere irse. Doble daño, por tanto, para un chaval que lo pasa mal en el colegio y es separado de su grupo de amigos. «Está claro que los dos tienen un problema, el que agrede y el agredido, pero el modo de actuar suele ser el mismo siempre». Siempre, claro, hablando como norma general, porque de nuevo conviene recordar que hay excepciones.
En caso de que la situación se enquiste, algo tampoco «excesivamente raro, siempre» es la familia del niño supuestamente agredido la que tiene que tomar medidas más drásticas. «Uno encuentra tantos problemas, tantas puertas cerradas, tantas personas diferentes que niegan lo que está pasando, que lo más común es que si la situación no se resuelve, se cambie al niño de colegio» para intentar acabar con la problemática. En ese caso, “muerto el perro, se acabó la rabia”. El alumno que denuncia malos tratos ya no está en el centro y el expediente se cierra. Conclusión: no ha habido acoso.
La FAPA de Zamora pide, de entrada, formación entre el profesorado. Y, además, más sensibilidad y observación. «Ahora a nosotras no nos dejan entrar a los patios», pero «observando a los críos, cómo juegan, muchas veces te das cuenta de que algo raro pasa». ¿Se mira, se ataja? Salvo que vaya a más, como norma general, no. «Se deja correr». Y, a mayores, «lo fundamental es que a los centros no les interesa que haya casos en sus aulas y los tapan todo lo posible». ¿Por qué? No hay respuestas. «Mala fama, quizás, no sabemos, pero debería ser al contrario, porque se vería que el centro que tiene casos los detecta y los trabaja».
El ciberacoso y “la importancia de la enfermera escolar”
La situación va a peor con el uso de los teléfonos móviles, constatan los padres. Antes, al menos, el chaval acosado encontraba paz en su casa. Era un consuelo menor ante el drama del que sufre bullying, pero era algo. Ahora, ni eso. «Hay familias que empiezan a regalar móviles a sus hijos con 8 o 9 años, como regalo de la Primera Comunión, no tiene sentido, no están preparados para usarlo» ni saben lo que tienen entre manos, ratifica Eva Alonso constatando una realidad. Mientras avanza la conversación las tres representantes de la FAPA van recordando casos, conocidos, de acoso o ciberacoso. «Lo de Internet fue a más con la pandemia, se insultaban, se hacían capturas de pantalla, se hacían memes entre ellos, había acoso aunque llevaran meses sin verse», lamentan las madres.
En los últimos tiempos han surgido varias iniciativas para intentar parar el acoso escolar. Se ha implicado el Colegio de Enfermería de Zamora, que con la creación de la figura de la enfermera escolar pretende ayudar a poner fin a esta situación en los centros. En la institución son conscientes, como son en la FAPA, de la importancia de implicar a las familias en la lucha contra el bullying, y han puesto en marcha un curso, destinado a la población en general, que ya tiene las inscripciones abiertas. Bajo el título de “El acoso escolar y el ciberacoso, ¿la nueva pandemia del siglo XXI?”, el curso está dirigido a personas adultas mayores de 18 años y está abierto también a que puedan cursarlo adolescentes y jóvenes de entre 14 y 17 años, con el consentimiento previo de sus padres o tutores.
El Colegio de Enfermería pretende dar a conocer cómo las nuevas tecnologías actúan entes facilitadores del ciberacoso. También se tratará, aseguran, la regulación legal tanto del acoso escolar como otros fenómenos que acechan a los menores asociados a internet y las redes sociales, como el “sexting” (envío de contenidos de tipo sexual a través del móvil o dispositivos electrónicos), y el “grooming” (engaño peredasta para ganarse la confianza de menores a través de internet y luego chantajearles emocionalmente o abusar sexualmente de ellos). Las tres amenzas, ciber acoso, sexting y grooming, son solo la punta de lanza de los peligros que acechan en Internet para los niños.
Patricia Miguel, presidenta del Colegio de Enfermería de Zamora, asegura que la forma de hacer frente al acoso escolar y al ciberacoso no es otra que «trabajar en la prevención» y dotar a los centros, públicos y concertados, de «recursos para hacer frente al maltrato». «La prevención requiere de la implicación de toda la comunidad educativa, tanto del profesorado como de estudiantes y progenitores, a lo que hay que añadir la importancia que tendría la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos», ratifica Miguel.
Lo que piden los informes
Por lo que refiere a los documentos oficiales, aunque el problema no aparezca estadísticamente con la fuerza con la que quizás debería reflejarse, sí que constan algunas «recomendaciones» para que los centros trabajen de forma preventiva el acoso escolar. Son, en muchos casos, generalidades como «poner en marcha acciones preventivas», trabajar «la educación emocional del alumnado», «potenciar el intercambio de experiencias entre los coordinadores de convivencia» o «realizar jornadas de formación», así como «proceder con la simplificación de los procedimientos sancionadores» y «propiciar un acompañamiento personalizado a los alumnos que presentan problemas de convivencia». La teoría, es evidente, está clara. Lo que cuesta es ponerla en práctica.
