Desde que Juan Carlos Suárez Quiñones tomara el mando de la Consejería de Medio Ambiente en el año 2015 «se ha producido un progresivo desmantelamiento del operativo de prevención y extinción de incendios en la comunidad», con «más de la mitad del mismo privatizado» y con trabajadores «en condiciones precarias». «No hay recursos materiales y personales suficiente, se han suprimido puestos de vigilancia que se sustituyen por cámaras que no funcionan o lo hacen mal y se ha recortado personal de guardia. Unas guardias que se pusieron después de los graves incendios de 2022 y que en los dos últimos años se ha preferido eliminar».
Son afirmaciones que realiza el sindicato de la función pública, CSIF, que exige la dimisión del consejero por lo que considera una gestión «negligente» de los incendios que han golpeado a la comunidad, y particularmente a las provincias de Zamora, León y Salamanca, durante las últimas semanas.
Agustín Argulo, presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta de CSIF Castilla y León, y Sara Mateos, agente medioambiental y delegada de Medio Ambiente, han lamentado ante los medios que «la Junta de Castilla y León abandonó al dispositivo hace mucho tiempo, y ahora la catástrofe medioambiental lo confirma».
CSIF remarca que todas estas denuncias no son nuevas, que se llevan reiterando desde los incendios de Navalacruz en Ávila (2021) y de la Sierra de la Culebra (2022). “Hace solo dos meses, concretamente el 6 de junio, nos concentramos ante el Centro de Defensa contra el Fuego de León, alertando la precarización del operativo. No tenemos una bola de cristal, pero cuando no se hace prevención y se desmantela el operativo, las consecuencias son previsibles”, ha lamentado Argulo.
Como ejemplo, se apunta que, en un incendio de León, el de Llamas de la Cabrera, con un centenar de kilómetros de perímetro, solo se contó en los primeros días con cien personas en el operativo (reforzado ya con brigadistas de otras provincias de la comunidad), «lo justo para trabajar en evitar la expansión del fuego a los pueblos. Para luchar contra el incendio en el monte, hubo que esperar más días, hasta que se reforzó la presencia de bomberos forestales llegados de otras comunidades autónomas o países», insiste el sindicato.
Por su parte, Sara Mateos ha centrado su intervención en los días críticos de agosto, señalando que “el operativo colapsó ya el día 9, desde el primer momento, por no estar dimensionado suficientemente”; y que muchas localidades se quedaron sin atención mientras los ciudadanos combatían las llamas con cubos de agua y mangueras de jardín.
