Castilla y León avanza en la prevención de riesgos laborales en las empresas con la presentación del VII Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales, un documento en el que la administración ha trabajado de la mano de los empresarios y de las asociaciones sindicales en el marco del recuperado diálogo social y que coloca a la región a la vanguardia en la lucha contra los accidentes en el puesto de trabajo. El acuerdo, que forma parte de la IV Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 2025-2028, toma constancia de que la salud en el trabajo es parte fundamental de la salud de la población, una preocupación que se ha visto reflejada, como subrayaba el Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, el zamorano José Manuel Barrios, en un intenso trabajo, que ha cobrado especial fuerza en el marco de la prevención de los riesgos laborales.
El acuerdo cuenta con un ambicioso presupuesto de doce millones de euros anuales que, a lo largo de los cuatro años de vigencia, se convertirán en 48 millones con las que trabajar en las diferentes líneas de actuación propuestas y en acciones concretas. Así, hay partidas específicas para cuestiones como la retirada y sustitución de las cubiertas de amianto o para la renovación de los equipos de prevención por otros más seguros. También para inversiones en el entorno laboral centradas en la prevención de riesgos laborales o para conseguir entornos de trabajo saludables y cardioprotegidos. En concreto, estas cuatro líneas cuentan con un presupuesto de 7,5 millones de euros.
El acuerdo aspira a desarrollar estrategias que, de la mano de la responsabilidad de los empresarios y de los propios trabajadores, promuevan unas condiciones de trabajo seguras, saludables y dignas para todos. Unas estrategias que, en el marco de un entorno laboral cada vez más cambiante y sometido al propio avance de los tiempos, «no solo deben responder a las normativas legales vigentes, sino también anticiparse a los riesgos emergentes, fomentando una cultura preventiva que involucre a todos los actores implicados», recoge el documento.
Así, y de la mano de los agentes sociales, el texto recoge la necesidad de sumar esfuerzos por parte de las tres partes representadas (administración regional, empresarios y sindicatos) para generar un entorno de trabajo seguro. La prevención de riesgos laborales, tal y como señala el director general, no es solamente una cuestión legal, sino también un factor clave para mejorar la productividad, reducir los costos asociados a accidentes y enfermedades laborales, y fortalecer el tejido económico y social. El acuerdo es, en suma y como destacó Barrios, «una estrategia de seguridad y salud laboral basada en un acuerdo colaborativo entre la administración pública y los agentes económicos y sociales más representativos».
El texto se articula en un total de 48 propuestas que forman parte, todas, de nueve objetivos específicos con los que empezar a trabajar de forma focalizada por los agentes implicados. El primer y principal objetivo del Acuerdo es obvio: reducir la siniestralidad laboral a través de «acciones preventivas» que sean eficaces, que sean entendidas por los empresarios y por los trabajadores y que se centren en la prevención. Siempre es mejor prevenir que actuar cuando las consecuencias ya se han producido, y más en este ámbito. También se trabajará en fortalecer las capacidades técnicas y en gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de “organización del trabajo, de la evolución demográfica y de la transición ecológica y climática», reforzando la protección de aquellas personas o colectivos que presenten más riesgos o que sean más vulnerables.
Se trata, en suma, de trabajar en implantar una cultura preventiva, que llegue a empleadores y empleados y que tenga también especial influencia en las empresas de menor tamaño, donde las estrategias de prevención de riesgos tardan a menudo más en llegar. Y, como parte importante, el documento propone reforzar la seguridad en el ámbito rural, uno de los grandes olvidados históricamente, y en «integrar, de manera transversal, la perspectiva de género en la seguridad y salud laboral».
El documento ahora formalizado es heredero de los que se han firmado en la nuestra comunidad en esta materia desde el año 1999, establece unos marcos de referencia importantes que han servido para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores a la vez que se fomentaba el progreso de las empresas y de la economía en general, pues unos puestos de trabajo seguros y saludables hacen que la empresa sea más robusta y crezca con más solidez. «Es progreso en la calidad de las condiciones en que se desarrolla la actividad profesional de nuestras personas trabajadoras, y en la forma de concebir y aplicar la prevención de riesgos laborales, que se ha conformado también como un factor de competitividad de las empresas», remarca el director general de Trabajo.
Se pondrán en marcha también acciones técnicas de formación tanto para técnicos o delegados de prevención como en un marco más didáctico, en las universidades públicas y en colaboración con otros organismos, incluso campañas específicas para ciertos sectores. En edades tempranas se trabajará en los colegios con concursos entre los estudiantes y premios para las mejores propuestas, con líneas específicas para alumnos de Primaria, ESO y Formación Profesional.
Proteger la vida, eje vertebrador de las políticas públicas
Proteger la vida, la salud y la integridad física de las personas, tanto en el plano físico como en el mental (en el que este texto también profundiza) debe ser, explican desde la Junta de Castilla y León, uno de los ejes vertebradores de las políticas públicas. «Lo que ahora presentamos no debe entenderse como un conjunto aislado de acciones puntuales, sino como una política pública integral que requiere continuidad en el tiempo y evaluación constante para enfrentarse a los desafíos cambiantes», subrayan las mismas fuentes.
Con este acuerdo se pretende promover y fomentar la cultura preventiva en toda la sociedad y potenciar acciones para la promoción de la salud “integral” en el trabajo y, en concreto, respecto de la salud mental, impulsando programas o proyectos para el cuidado de la salud mental y/o bienestar emocional en los lugares de trabajo mediante acciones de divulgación, sensibilización.
Esta información es un contenido patrocinado por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León
