El campo empieza con tensión la campaña de recogida del cereal. Los bajos precios a los que la cebada y el trigo están cotizando en buena parte de las lonjas del país, entre ellas las que afectan a Zamora, tienen movilizado al sector, que asegura que es incapaz de cubrir costes si la situación actual se mantiene. Los precios en origen del cereal vienen siendo en las últimas semanas de unos 170 euros por tonelada. La campaña se prevé buena, pero ni siquiera llegando a los cuatro mil kilos por hectárea recogida, una cifra que ya es optimista viendo el calor de los últimos días, los agricultores lograrían recuperar lo gastado en sus parcelas. Producir cereal cuesta, según las organizaciones agrarias, una media de entre 800 y 900 euros por hectárea.
Los precios actuales están, por tanto y según advierten asociaciones como la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Privado Independientes, por debajo de los costes de producción, lo que puede convertir en fatal un año que el sector preveía bueno por las precipitaciones del invierno y de la primavera, que han permitido una producción elevada. Unos precios que estén por debajo de costes contravendrían lo que marca la Ley 16/2021 del 14 de diciembre, la llamada «Ley de la cadena alimentaria» que, con carácter general, prohíbe vender por debajo de costes para evitar la destrucción de valor en la cadena de producción. Una norma que se constituye como eje en la negociación de los contratos.
Unaspi apunta que, aunque las lonjas de cereal pueden obrar y fijar precios de manera no vinculante, «tienen un impacto muy significativo en el mercado, puesto que agrupan a los principales operadores del mismo». Legalmente, además y aunque la lonja de Zamora lleve ya más de un año sin cotizar, «forman parte de las mesas de precios, que son los órganos encargados de fijar los precios orientativos y de referencia en los mercados de origen».
Continúa el sector con su argumentario y cita la ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe prácticas como acuerdos entre empresas para fijar precios, «repartirse el mercado o limitar la producción», así como el abuso de posición dominante que imponga «condiciones injustas».
La agrupación, con representación en Zamora, ha remitido un escrito a las lonjas avisando de que deben cumplir con toda la normativa y apunta que «de tener la más mínima sospecha sobre fijación de precios que no cubran los costes de producción», se emprenderán las acciones legales necesarias «ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjudicio de acciones judiciales solicitando daños y perjuicios».
