El Ayuntamiento, la Consejería de Medio y el Somacyl estudian la puesta en marcha de un tercer plan de vivienda pública en la capital, que se sumaría a los de la avenida de la Frontera (cuyas viviendas se han entregado este viernes a las familias beneficiarias) y Vista Alegre, cuyas obras comenzarán en breve. La llegada de los militares que se esperan en Monte la Reina, «los polígonos industriales que se están haciendo en las afueras y los edificios públicos están potenciando el crecimiento de la ciudad», explica Francisco Guarido, que recuerda que el Consistorio zamorano ha puesto ya sobre la mesa suelo público para que la Junta se encargue de construir edificios.
«Para el año que viene tendríamos que ir pensando en una promoción de vivienda de alquiler, siempre a precios asequibles, porque los próximos años de Zamora van a ser fructíferos» y ello se notará en el parque de viviendas, asegura el alcalde. Buenas palabras que repite el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, que hoy ha presentado la inversión de la Junta en las antiguas viviendas de camineros, un total de 16 inmuebles en los que se ha mejorado la envolvente térmica, se ha instalado suelo radiante y se han reforzado tanto la accesibilidad como el aislamiento acústico.
Los destinatarios de las viviendas son familias con rentas reducidas y condiciones especiales. Las viviendas se adjudican entre todos los solicitantes que cumplan las condiciones con un sorteo ante notario y están a un precio de entre 380 y 400 euros, bastante por debajo del precio de mercado, que en este caso y según el consejero «estaría rondando los 600 euros», pues se trata de viviendas de más de setenta metros con tres dormitorios, dos baños, salón y cocina.
Suárez Quiñones defiende la colaboración con los ayuntamientos que «nos ceden suelo público» en zonas donde ya hay servicios y se necesita capacidad para las viviendas. «La preocupación de la Junta es máxima con este asunto y encontramos poca ayuda del Gobierno de España, que hace demasiados anuncios sobre la puesta a disposición de vivienda pública pero que no da respuesta a las necesidades» que trasladan las comunidades autónomas.
